El juicio oral por la Causa Gutiérrez/Di Santo, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Río Cuarto y el sur de Córdoba durante la última dictadura y en los años previos al golpe de Estado, comenzará este martes 20 de octubre, a las 9.30, en los Tribunales Federales de Córdoba.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa. Según la información judicial, se juzgarán 62 hechos que incluyen privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, homicidios y delitos de índole sexual, entre otros. El debate tiene previsto un cronograma de audiencias semanales, con continuidad durante los primeros meses de 2027.
La causa llega a esta instancia con 21 imputados, entre exintegrantes del Ejército, policías provinciales y federales y otros civiles vinculados al aparato represivo. Algunos de los acusados que integraban la investigación original fallecieron o fueron apartados del proceso por razones de salud.
Los crímenes y las víctimas
La investigación reconstruye el funcionamiento del circuito represivo en el sur provincial entre 1975 y fines de 1978. Los hechos ocurrieron en dependencias policiales y militares que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura, entre ellas la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal, el Batallón de Arsenales de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115. También comprende casos vinculados con los centros clandestinos La Perla y Campo de la Ribera.
Gran parte de las víctimas tenía relación con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), como estudiantes, docentes y personal no docente. En uno de los casos, el secuestro ocurrió dentro de la propia institución.
Entre las víctimas se encuentran Gabriel Braunstein Maiden, desaparecido desde junio de 1976; Ernesto Silber, docente universitario asesinado bajo tortura en agosto de ese año, y Elsa Gladys Comba, secuestrada en febrero de 1978 mientras buscaba a su hijo Sergio. Su cuerpo fue encontrado incinerado en un camino rural próximo a Gigena.
El expediente también incluye el caso de Alberto Pinto, profesor de la UNRC que murió en la cárcel de La Plata después de atravesar distintos lugares de detención.
Un proceso atravesado por demoras
La causa original reunió decenas de víctimas y hechos, y fue ampliada mediante la acumulación de otras investigaciones. Su instrucción recuperó testimonios, denuncias y documentación reunidos durante décadas por organismos de derechos humanos y familiares.
Sin embargo, el paso del tiempo también tuvo consecuencias sobre el alcance del juicio. Miguel Ángel Gómez, conocido como “el Gato”, señalado por sobrevivientes como uno de los torturadores del circuito represivo, murió en septiembre de 2025 sin llegar a ser juzgado en este proceso. El expediente también registra otros fallecimientos de imputados antes del debate oral.
A medio siglo de los crímenes, el inicio del juicio representa una nueva instancia para determinar responsabilidades penales por la represión en Río Cuarto y el sur cordobés. El proceso buscará establecer qué ocurrió con las víctimas y quiénes participaron en los secuestros, las torturas, los homicidios y las desapariciones investigadas.
El debate se inscribe en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, impulsados por el trabajo de sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Informe: Jorge Vasalo.
