El juicio oral por la Causa Gutiérrez/Di Santo comenzó este martes en los Tribunales Federales de Córdoba, a 50 años de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Río Cuarto y el sur provincial durante la represión estatal. El proceso busca determinar las responsabilidades penales por secuestros, torturas, homicidios y otros delitos perpetrados entre 1975 y fines de 1978.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa. Durante la primera audiencia se da lectura a las acusaciones para informar a los imputados sobre los hechos que se les atribuyen y las calificaciones legales correspondientes.
Según explicó el fiscal Facundo Trotta, la causa principal comprende 63 hechos y 70 víctimas. A esa investigación se sumaron otras tres causas, con siete víctimas en total. El proceso reúne a exintegrantes de las fuerzas armadas y de seguridad y contempla delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, homicidios y delitos de índole sexual.
Más de 80 testigos y continuidad en 2027
El juicio no concluirá este año. Trotta indicó que hay 11 audiencias previstas hasta diciembre y más de 80 testigos convocados, por lo que el debate continuará durante 2027.
El fiscal también señaló que la cantidad de acusados se redujo con el paso del tiempo: cuando se formuló la acusación eran 34 y al inicio del juicio quedaban 20, de acuerdo con sus declaraciones.
El fallecimiento de algunos imputados antes del debate impidió que llegaran a ser juzgados. En determinados casos, explicó Trotta, se deberá reconstruir lo ocurrido mediante juicios por la verdad, aun cuando ya no haya una persona acusada por esos hechos.
La persecución a integrantes de la Universidad de Río Cuarto
Una de las particularidades de la causa es la cantidad de víctimas vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Entre ellas había estudiantes, docentes y personal no docente. Algunos fueron secuestrados dentro de la propia casa de estudios.
Trotta sostuvo que la investigación permite advertir tareas de inteligencia sobre la actividad universitaria. La persecución también alcanzó a sectores sindicales y obreros, identificados entre los blancos de la represión.
“Uno de los blancos denominados por Menéndez eran los estudiantes, así como el sector sindical y el sector obrero”, señaló Trotta. En ese sentido, destacó que la investigación expone el trabajo de inteligencia realizado sobre la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde fueron secuestrados estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, incluso mientras se encontraban en clase.
Aunque la mayoría de las víctimas estaba vinculada con Río Cuarto, el expediente incluye personas secuestradas en otras provincias que luego fueron trasladadas a dependencias represivas de la ciudad. Los hechos investigados también abarcan lugares de detención como La Perla, Campo de la Ribera y distintas unidades penitenciarias.
Entre las víctimas se encuentran Gabriel Braunstein Maiden, desaparecido en junio de 1976; Ernesto Silber, docente universitario asesinado bajo tortura en agosto de ese año; Elsa Gladys Comba, secuestrada en 1978 mientras buscaba a su hijo Sergio, y Alberto Pinto, profesor de la UNRC que murió en la cárcel de La Plata después de pasar por distintos lugares de detención.
Cinco décadas de demora judicial
El paso del tiempo tuvo consecuencias concretas sobre el alcance del proceso. Miguel Ángel Gómez, conocido como “el Gato”, señalado por sobrevivientes como uno de los torturadores del circuito represivo, murió en septiembre de 2025 sin llegar a ser juzgado en esta causa.
A medio siglo de los hechos, el debate representa una nueva instancia para establecer responsabilidades por los crímenes cometidos en el sur cordobés y reconstruir lo ocurrido con las víctimas. La investigación recoge décadas de denuncias, testimonios y documentación impulsados por familiares y organismos de derechos humanos.
Informe: Jorge Vasalo.
