El Tribunal Oral Federal N°5 avanzó este lunes en la lectura de las acusaciones y los planteos defensivos en el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, donde se investigan presuntas maniobras con alquileres inmobiliarios y hoteleros vinculados a la familia Kirchner, con la ex presidenta Cristina Fernández y el diputado Máximo Kirchner como principales acusados.
Acusaciones de la Fiscalía
El fiscal Diego Velasco afirmó que la exmandataria y su familia montaron una estructura estatal para beneficiar a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, cuyas carreras estuvieron íntimamente ligadas a los Kirchner. Según la acusación, las firmas funcionaron como pantalla para el retorno de fondos públicos a través del cobro de alquileres y contrataciones simuladas.
La Fiscalía afirmó en su acusación que se investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la cual los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa” y a la propia familia presidencial.
Al respecto, la fiscalía indicó que el 88% de la facturación de la sociedad Los Sauces provino de empresas de los grupos Báez e Indalo. El Ministerio Público sostiene que esos fondos derivaron de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios impositivos otorgados desde el Estado nacional bajo la presidencia de Cristina Fernández.
Una estafa de 12 años
Según la parte acusatoria, para sostener dicha maniobra por más de 12 años “fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”, entre ellas sus propios hijos, funcionarios públicos y empresarios, quienes ocuparon roles tanto en las empresas Hotesur y Los Sauces como en los conglomerados societarios de los imputados.
Con respecto a los roles, el matrimonio y Máximo Kirchner formaron en 2006 la firma Los Sauces, la cual se habría usado como “pantalla” para canalizar fondos a los empresarios imputados. El hijo de la pareja fue nombrado presidente de la firma, mientras que el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña también tuvieron un rol en su conformación.
Máximo también tuvo actuaciones vendiendo propiedades a Austral Construcciones S.A., de Báez, “con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad”, firmó contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de Hotesur.
Otro familiar involucrado en el hecho es Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios, quien para el fiscal “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos” asumiendo roles como directora y presidente de Hotesur y Los Sauces.
En cuanto a Báez, López y De Souza, apuntó que “aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable” para “hacerse de los fondos públicos” y de otros “beneficios que se le garantizaban desde la esfera pública”, como también de la maniobra para que parte de ese dinero retorne a la familia Kirchner.
“Cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó”, agregó Velasco.
Cómo se financió la operación
Según la Fiscalía, la mayor parte de la facturación “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”. A lo largo del período investigado, la sociedad les facturó $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles.
“Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”, aseveró.
En lo que respecta a Báez, apuntan que lo investigado en estas causas se encuentra ligado a los delitos juzgados en la causa Vialidad, ya que “ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad”.
Por su parte, el Grupo Indalo tuvo un “crecimiento exponencial” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, gracias a “negocios que dependían del control o la autorización estatal” y del “otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos”. Luego, alquilaban inmuebles de Los Sauces en el edificio Madero Center “a valores mayores que los de mercado”.
Cómo era el directorio de Los Sauces
La acusación mencionó que Néstor y Cristina Kirchner designaron y mantuvieron “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar” para “garantizar el éxito” del lavado de dinero.
Máximo Kirchner fue nombrado como presidente de la empresa en 2006 y estuvo en el cargo hasta que fue reemplazado en 2015 por Mercado. Néstor fue director suplente hasta su fallecimiento en 2010, mientras que Cristina ocupó este rol hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner entró en reemplazo de su padre como vicepresidente.
El fiscal sostuvo que la salida de Máximo y Cristina del directorio de Los Sauces coincidió con “los lazos denunciados” con Lázaro Báez y Cristóbal López y las referencias a la firma en la causa Hotesur, que se inició en 2014.
Con respecto al funcionamiento, acusó que tanto el diputado como la sobrina de los exmandatarios aprobaban los movimientos de la inmobiliaria. “Llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, sino que fueron entregados directamente a “empresarios amigos”.
Además, remarcaron que hubo “inconsistencias” en la confección y conservación de los libros societarios de la firma, ya que los registros contables tenían alteraciones “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.
Por otro lado, señalaron que Los Sauces no tuvo ni sede social ni empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Luego, registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner -quien fue sobreseída y no forma parte del juicio- y el jardinero personal de Cristina Kirchner.
La adquisición del departamento de San José 111
Según la hipótesis del fiscal, la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y hoteles a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas vinculadas con el Grupo Báez y el Grupo Indalo. Sin embargo, algunos inmuebles “no fueron destinados a alquiler”, sino que fueron adquiridos para “uso personal” de algunos imputados.
Entre ellos, menciona los departamento del complejo Madero Center, dos terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea en El Chaltén, un terreno vendido por Austral Construcciones -que según la fiscalía sería una compraventa simulada para ocultar una donación-, y una vivienda de Cristina Kirchner en Santa Cruz.
También menciona que la sociedad adquirió el departamento de San José 1111, en donde actualmente la ex mandataria cumple la prisión domiciliaria por su condena a 6 años en la causa Vialidad. El inmueble fue comprado en 2015 por US$ 370.000, pero se pagó con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) y no con dinero en efectivo.
Tras varias horas se audiencia, el TOF N°5 dio por terminada la jornada. Pese a que se esperaba que el viernes haya una nueva sesión, la lectura de la acusación de la causa Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre. Luego, comenzará la acusación de la causa Hotesur.
La respuesta de la defensa técnica
El abogado defensor Alberto Beraldi rechazó las imputaciones planteadas por la fiscalía a través de un escrito remitido a la prensa. La defensa sostuvo que Hotesur y Los Sauces eran sociedades comerciales familiares dedicadas a la compra y alquiler de inmuebles con operaciones totalmente lícitas y registradas ante los organismos competentes.
El escrito de la defensa remarcó que las propiedades se adquirieron con fondos legítimos que ya fueron juzgados en otras causas por enriquecimiento ilícito, en las que tanto CFK como Néstor Kirchner resultaron sobreseídos. Además, la representación técnica enfatizó que no existió dinero en negro y que todos los pagos realizados fueron bancarizados y declarados ante la AFIP.
«Todas las operaciones comerciales fueron genuinas, facturadas, trazables y ajustadas a los valores de mercado según determinaron los peritajes», sostuvo la defensa a cargo de Beraldi.
Sobre los alquileres investigados, sostuvo que todos los contratos fueron genuinos y que las viviendas fueron utilizadas por sus inquilinos. En el caso de los hoteles, afirmó que la familia Kirchner no los explotó comercialmente, sino que se limitó a percibir un canon por su arrendamiento.
El escrito agregó que existe un peritaje que, según la defensa, ratifica que el alquiler de los hoteles se ajustó a valores de mercado.
Por último, cuestionó la imputación de asociación ilícita y sostuvo que esa acusación ya fue descartada en la causa “Vialidad”, donde las partes acusadoras habían planteado que se trataba de una única asociación ilícita referida en todos los procesos.
El debate continuará durante la próxima jornada con la lectura restante sobre el tramo de la causa Hotesur.
