La Justicia de Córdoba solicitó la colaboración de las fuerzas federales para localizar a César Luis Mendoza, señalado como el presunto conductor del vehículo utilizado en el ataque a balazos que terminó con la vida de Gabriela Pérez, el 9 de septiembre de 2023, en barrio Yapeyú.
Según la hipótesis investigativa, Mendoza estaría en otra provincia, presuntamente protegido por quienes habrían ordenado el ataque. Por ese motivo, el fiscal general adjunto Héctor David y la fiscal de instrucción Silvana Fernández se reunieron con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para solicitar formalmente su colaboración en la búsqueda.
La funcionaria nacional manifestó su predisposición a emitir una alerta para las distintas fuerzas de seguridad, con especial atención en la región donde se sospecha que podría encontrarse el acusado.
Una pieza clave en la investigación
Para los investigadores, Mendoza podría ser el vínculo entre quienes ejecutaron el ataque y sus presuntos autores intelectuales. Su nombre aparece relacionado con el Surrbac, en el contexto de las disputas entre sectores sindicales vinculados a ese gremio y al Soelsac.
La investigación sobre su presunta participación continúa abierta, ya que todavía no fue detenido. Su captura integra una de las 12 líneas investigativas derivadas de la causa principal.
La búsqueda se mantiene pendiente luego de la reciente sentencia por el crimen: el jurado popular absolvió por unanimidad a Gustavo Omar Herrera, hermanastro de la víctima, mientras que Adrián Exequiel “Petaca” Vallejos fue condenado a ocho años de prisión como partícipe secundario.
Denuncia contra los jueces del juicio
En paralelo, David presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial contra los integrantes de la Cámara 3ª del Crimen que llevaron adelante el debate.
El funcionario cuestionó decisiones relacionadas con la designación de la fiscal Laura Batistelli, la organización del juicio y el desarrollo de las audiencias. También señaló presuntas irregularidades en la grabación de parte de los alegatos y sostuvo que el jurado no habría tenido acceso a determinados registros audiovisuales.
A partir de estos planteos, solicitó que se evalúe si los magistrados incurrieron en incumplimientos de sus deberes éticos y funcionales durante el proceso.
