En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 condenó este jueves al hijo del empresario Lázaro Báez y a otros exfuncionarios en el marco de la causa Vialidad II, el segundo tramo del caso por corrupción en la obra pública en el que fue sentenciada la expresidenta Cristina Kirchner.
Los seis condenados
Los seis condenados son Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti, quienes recibieron penas de entre 3 años y 2 años y 6 meses, según el fallo.
En el caso de Báez y Mendoza, ambos recibieron una pena unificada con otra por lavado de activos agravado. Así, el hijo del empresario cercano a los Kirchner recibió 7 años y 9 meses de prisión, mientras que al segundo le fijaron una pena de 5 años y 9 meses con prisión domiciliaria debido a su edad.
La sentencia fue adoptada por el juez Andrés Fabián Basso, quien también dispuso el decomiso de bienes por una suma de $684.990.350.139,86. Dicho monto deberá ser actualizado al momento en el que sea ejecutado.
El juicio abreviado fue acordado por los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad Información Financiera (UIF), en el que los seis condenados admitieron su culpabilidad por los hechos investigados.
Sin embargo, el juez apoyó su decisión en la condena anterior de Vialidad, ya que “los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa”, en la que se acreditó “con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015”.
A diferencia de la causa principal, Vialidad II se enfocó en el rol de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional de Santa Cruz, como también en empresarios ligados a las compañías de Lázaro Báez que obtuvieron contratos con el Estado.
Lo que dice la sentencia
El fallo condenó a los seis acusados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
En el caso de Alonso, Gregorutti y Passacantando, quienes son exfuncionarios de Vialidad, fueron apuntados como coautores. Báez, Butti y Mendoza, quienes tuvieron altos cargos en las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, fueron considerados como partícipes necesarios.
De acuerdo al escrito del juez Basso, los tres primeros “reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía”, mientras que los otros tres imputados “prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución”.
En su acusación, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola remarcaron que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”, lo que constituyó “un delito de extrema gravedad”.
“Mediante sus aportes, contribuyeron al perfeccionamiento de una colosal maniobra de corrupción en la cual los imputados, mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”, afirmaron.
