23 años después de los acontecimientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó la sentencia que condena al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, quien fue apartado en diciembre de 2003 mediante un juicio político, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
El fallo del tribunal
De acuerdo a lo que informó el tribunal internacional, la remoción «vulneró el principio de independencia judicial«, debido a que se fundamentó en el contenido de las sentencias que el magistrado había firmado durante su función, al mismo tiempo en que señaló diversas irregularidades en el proceso.
La Corte IDH estableció que el juicio político por «mal desempeño» no puede justificarse en las decisiones tomadas por un juez en ejercicio e indicó que, durante el trámite parlamentario, no hubo suficiente sustento para determinar la destitución, además de no haber dado las respuestas adecuadas a los recursos presentados por Moliné O’Connor.
Asimismo, cuestionó la revocación de su pensión vitalicia en el año 2004 y la demora de casi veinte años en resolver el reclamo contencioso-administrativo, además de exigir que las autoridades argentinas apliquen el artículo 53 de la Constitución Nacional en consonancia con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Medidas para los herederos
Debido a que el ex juez falleció en agosto de 2014, el tribunal dispuso medidas económicas y administrativas en favor de sus herederos, que deberán cumplirse en el plazo de un año; paralelamente el Estado debe restablecer el régimen de pensión correspondiente conforme a la Ley 24.018, con efecto retroactivo a la fecha de su fallecimiento, más una indemnización de 300.000 dólares para su viuda y de 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos, en concepto de daños, además de 30.000 dólares destinados a los representantes legales por costas y gastos.
Moliné O’Connor había sido designado juez de la Corte Suprema en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, y formó parte de la trístemente célebre «mayoría automática» generada en el máximo tribunal durante la gestión del mandatario riojano, quien tenía asegurado los fallos a su favor. Precisamente, el Senado destituyó al juez el 3 de diciembre de 2003, por 45 votos afirmativos contra 19 negativos, por «mal desempeño«en sus funciones.
