La soberanía digital es la extensión de la defensa del territorio. Ningún Estado es soberano si no controla sus fronteras físicas, ni tampoco puede hacerlo si no tiene autonomía sobre sus datos, sus redes y su infraestructura tecnológica.
Hay que entender a la soberanía digital como la capacidad de un Estado, una organización o una persona de ejercer el control de forma autónoma e independiente sobre sus datos, infraestructuras de comunicación, software, algoritmos y decisiones tecnológicas, reduciendo la dependencia de actores o jurisdicciones extranjeras.
El concepto abarca diversos niveles de autonomía tecnológica y política como la soberanía de datos, de infraestructura tecnológica y de software, y la soberanía algorítmica e inteligencia artificial.
Latinoamérica enfrenta el «extractivismo de datos» y una asimetría estructural ante los centros tecnológicos globales.
Un caso cercano
Tras su reelección como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha intensificado su discurso sobre la soberanía digital y la necesidad de establecer controles estrictos sobre el ecosistema tecnológico. Se enmarca en un contexto con acusaciones de desinformación masiva, presiones geopolíticas y tensiones directas con plataformas tecnológicas.
Sus posturas y anuncios recientes incluyen la denuncia de injerencia extranjera y de plataformas, la promesa de una regulación urgente, y el desarrollo de infraestructura y autonomía tecnológica nacional. También Lula ha posicionado a su gobierno en la discusión internacional sobre la soberanía digital, abogando por marcos de gobernanza global para las tecnologías y la inteligencia artificial que protejan a los países en desarrollo de la dependencia tecnológica.
La posición de Lula vincula la soberanía digital con la defensa de la democracia frente a la desinformación corporativa, combinada con una estrategia industrial para que Brasil desarrolle su propia infraestructura y tecnología en lugar de depender exclusivamente de gigantes extranjeros.
Tener en cuenta a Magnifica Humanitas
El papa León XIV, en su Carta Encíclica Magnifica Humanitas, aunque no utiliza textualmente el término “soberanía digital”, aborda en profundidad los temas que configuran el núcleo del concepto.
La encíclica aborda con rigor los desafíos éticos, políticos y de autonomía comunitaria presentes en la discusión y analiza cómo la técnica y los algoritmos no son neutros, sino que reflejan intereses económicos y políticos. Advierte sobre la gigantesca concentración de poder digital en manos de unas pocas corporaciones.
El documento enfatiza que la persona humana no puede ser reducida a un conjunto de datos ni quedar supeditada a las lógicas del lucro ilimitado o de la vigilancia permanente. El pontífice reclama marcos regulatorios estrictos, normas compartidas e instituciones independientes de supervisión para que se garantice el desarrollo tecnológico, sirva al bien común y se respete la dignidad humana frente a la disrupción digital.
¿Qué hacen los Estados?
En un contexto actual donde se da el predominio de un puñado de corporaciones tecnológicas transnacionales, principalmente estadounidenses y chinas, aparece el tecnocesarismo.
El tecnocesarismo se entiende como una nueva forma de poder en la que los líderes políticos de carácter fuerte o populista se alían con magnates y corporaciones tecnológicas para erosionar los contrapesos democráticos tradicionales. El trumpismo es un ejemplo claro.
Frente a este panorama, la soberanía digital se ha convertido en una de las prioridades geopolíticas y estratégicas prioritarias a nivel global. Obviamente que viene acompañada de fuertes debates internos.
Los gobiernos del mundo están reaccionando con acciones, como la aplicación de subsidios estatales para fabricar semiconductores, construir centros de datos locales y asegurar redes de telecomunicaciones libres de componentes vulnerables.
El plan libertario
Actualmente el presidente Javier Milei no defiende ni promueve la «soberanía digital» entendida como el control público sobre los datos, la infraestructura tecnológica local o el uso de plataformas éticas reguladas. De hecho, la postura oficial de su administración y su marco ideológico libertario apuntan a una dirección opuesta por varias razones centrales: consolidar la desregulación más extrema posible argumentando ventajas competitivas, el rechazo a tratados internacionales de soberanía digital y la migración a nubes de grandes corporaciones multinacionales.
El enfoque en la gestión de infraestructura digital estatal prioriza la migración hacia grandes proveedores globales del sector privado. Sus críticos señalan que esto incrementa la dependencia tecnológica extranjera, mientras que el gobierno lo considera la vía más eficiente y de menor costo fiscal.
Frente a este buscado «refugio desregulado», el debate sobre la soberanía digital en Argentina combina perspectivas de la sociedad civil, la economía, la academia, el derecho tecnológico y la geopolítica. Estos ámbitos examinan la privacidad de datos, la infraestructura propia, la gobernanza de la inteligencia artificial y la dependencia respecto a las grandes corporaciones multinacionales.
Con la democracia no se juega
La economista argentina Cecilia Rikap, explica que cuando un Estado empieza a depender de determinadas tecnologías para el accionar público, como la gestión de una universidad, un hospital o la administración pública, no puede simplemente darse de baja del servicio, porque esto equivale a apagar la luz de un hospital.
Para la economista “discutir la soberanía digital hoy es discutir qué democracia queremos. Expandir la soberanía significa crear instituciones democráticas que decidan qué tecnologías se desarrollan y cuáles no, qué centros de datos se instalan, cómo se auditan los algoritmos y qué datos se protegen”.
Rikap plantea que tal situación “implica que el Estado mantenga el control de la tecnología que utiliza y que, a nivel individual, las personas tengamos alternativas reales de consumo y socialización más allá de las pantallas”.
El análisis de Rikap sirve para encausar las discusiones actuales cuando se quiere imponer en nuestro país un desmantelamiento del Estado, con las consecuencias que esto supone.
A este marco se debe agregar que en los últimos meses se evidenció, con hechos objetivos en distintas partes del mundo, que la participación y determinación de los pueblos son fundamentales. Están a la vista protestas por distintas razones por ejemplo en Francia, España, Italia y también en Argentina. No por nada la consigna «La tierra no se vende» es un fuerte lema de movilización social y política.
Paso seguido, por su impacto, se da el fenómeno de amplificación de esas problemáticas en la conversación social y la búsqueda de sus causas. A esto se suman elecciones en Brasil, Serbia y Estados Unidos, que plasmaron la voluntad de esas comunidades de no dejarse llevar por quienes controlan las plataformas digitales y poseen un inmenso músculo financiero.
