La fábrica de tractores Pauny, con planta en Las Varillas, presentó una propuesta formal ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba para reactivar progresivamente la producción a partir del martes 24 de noviembre, en el marco de las audiencias de conciliación por el conflicto que lleva tres semanas y que derivó en la toma de la planta por parte de los operarios.
Según el escrito presentado por los abogados de la empresa a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional San Francisco, la condición para reiniciar actividades es recuperar la plena disponibilidad de las instalaciones, hoy ocupadas por grupos de trabajadores. El plan contempla que la primera semana se destine a terminar las unidades ya en proceso de fabricación -hasta hace unos días, tres tractores ya vendidos- para luego, desde diciembre, aumentar la actividad «de forma gradual», con el capital de trabajo que la compañía asegura tener disponible si se cumplen esas condiciones.
Sobre los salarios adeudados, que acumulan cuatro quincenas sin pago, la oferta plantea cancelar el 27 de noviembre la segunda quincena de septiembre, y los haberes de octubre en cuatro pagos semanales los viernes siguientes. Los sueldos de noviembre quedaron sin fecha definida, sujetos a la evolución del programa productivo y a la disponibilidad financiera de la firma. Antes de la reanudación regular, la empresa también propuso un relevamiento de los bienes de la planta junto a un escribano público, un punto que generó rispideces entre los trabajadores.
Suspensiones y retiros voluntarios
Desde el 24 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, Pauny impulsa un régimen transitorio de suspensiones por causas económicas bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que alcanzaría a todo el personal con una reducción al 50% de la jornada habitual bajo un esquema rotativo. La medida profundiza el esquema que la empresa venía aplicando antes del conflicto, cuando se trabajaba solo tres días por semana con el 75% del salario.
En paralelo, la compañía insiste en un programa de retiros voluntarios con el objetivo de achicar la dotación actual, que supera los 450 trabajadores, a no más de 300 durante el próximo ejercicio. La empresa define ese esquema como el camino hacia «una estructura empresarial económicamente sustentable», aunque no precisó cómo financiará las indemnizaciones correspondientes.
La asistencia del Estado provincial
Mientras se define el conflicto, el gobierno de Córdoba dispuso el pago de 300.000 pesos mensuales durante cuatro meses por trabajador, que los empleados comenzarán a cobrar desde este viernes a través de la Municipalidad de Las Varillas, con fondos canalizados por el Banco de Córdoba y la billetera de BanCor. A eso se suma asistencia alimentaria para las familias, con la llegada de un camión con mil módulos alimentarios ya distribuidos, el ingreso de los hijos de los trabajadores al programa Paicor en las escuelas y la continuidad de esa ayuda durante el verano, una vez terminado el ciclo lectivo.
El rechazo del gremio
Los trabajadores, además de los salarios impagos, reclaman que la empresa retuvo sin depositar los aportes de obra social, cuota sindical, seguro convencional, aportes jubilatorios y cuotas alimentarias. El secretario de la UOM San Francisco, Lucas Sarmiento, cuestionó la falta de respaldo financiero de la oferta: «De septiembre falta casi 80% del pago, no es solo la segunda quincena. Estábamos suspendidos dos días por un acuerdo que no cumplieron y que lo dimos por caído. Ahí ya existe una diferencia», señaló, y agregó que ante la consulta sobre el origen de los fondos para pagar sueldos y retiros, la respuesta de la empresa fue «es un tema nuestro».
«En el Banco Central el rojo de la empresa sigue creciendo, entonces no podemos confiar. En la planta hay para armar dos tractores, y tampoco pudieron explicar si pueden comprar el faltante», agregó.
La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) fue más contundente y calificó la propuesta de la empresa como «vacía», al señalar que no contiene proposiciones concretas ni explica de dónde saldrán los fondos para pagar sueldos, indemnizaciones o insumos de producción, hoy inexistentes en la planta según los trabajadores. El sindicato remarcó que la toma no pone en riesgo las instalaciones ni impide el paso de personas o bienes, y que los operarios siempre estuvieron dispuestos a retomar las tareas y a coordinar con concesionarias y compradores de tractores.
El reclamo sigue sumando respaldo en la comunidad: anoche se realizó una marcha en Las Varillas con la participación de más de 600 personas que acompañaron a los trabajadores, en momentos en que la toma de la planta continúa sin fecha de resolución a la vista.
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