MADRID.- El Tribunal Supremo de España inició ayer el histórico juicio contra doce dirigentes independentistas catalanes implicados en el frustrado intento de secesión regional de octubre de 2017, en un contexto de fuerte politización en el que la cuestión catalana amenaza con desestabilizar al gobierno central.
La primera sesión del proceso reflejó ese inevitable nexo entre la causa judicial y el conflicto político existente entre el Estado español y Cataluña. La jornada estuvo destinada a que las defensas expongan cuestiones jurídicas que pretenden resolver antes del juicio, pero los argumentos fueron políticos. “Esta es una causa general contra el independentismo”, denunció Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien argumentó que “la causa atenta contra la disidencia política”.
Los acusados estuvieron sentados ante los siete jueces del tribunal, mientras sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado. Además de Junqueras, están acusados la ex presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Se los acusa de haber organizado y llevado a cabo el referéndum de autodeterminación (considerado ilegal por el Tribunal Constitucional) del 1 de octubre de 2017 y, 27 días después, haber impulsado la declaración unilateral de independencia. Las penas solicitadas van de 25 a 7 años de cárcel.
La cuestión clave en el juicio es la violencia, concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de “rebelión”: los independentistas argumentan que no hubo acciones violentas ni utilizaron armas en el proceso, y sostienen que los violentos fueron los agentes de policía que intentaron impedir el referéndum mediante la represión. “Hay una sensación de absurdo porque los delitos tan graves que nos imputan no se han cometido. La violencia necesaria para justificar estos delitos no existió”, aseguró uno de los acusados, el ex consejero Carles Mundó. “A partir de hoy el sistema judicial español se somete a un tes y, por tanto, es también una prueba para la democracia española”, afirmó desde el exilio Carles Puigdemont, el ex presidente catalán y gran ausente del proceso.
Sánchez se juega su futuro en el Parlamento
MADRID.- El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta hoy un desafío clave en el Parlamento español, donde se votarán los Presupuestos del Estado que el jefe de Gobierno necesita aprobar para extender su mandato hasta 2020. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer los proyectos presupuestarios de 2019 con la promesa de que implican más inversiones en Cataluña, para convencer a ERC y PDeCAT (cuyos líderes políticos están siendo juzgados por el Tribunal Supremo) de que aprueben las cuentas. Sin embargo, los principales diarios de España daban ya por perdida la batalla para el gobierno socialista: La Vanguardia incluso anticipó ayer que Sánchez maneja la fecha del 28 de abril para adelantar las elecciones generales, ante una segura derrota en la Cámara de Diputados. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos exigen el adelantamiento de los comicios para ordenar el desquicio institucional que supondría una derrota del oficialismo en el Parlamento, y tratar de retomar el Gobierno cedido en 2018 por Mariano Rajoy.
