Luego de la declaración de “emergencia penitenciaria” por tres años que realizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a principios de esta semana, desde la Provincia indicaron que no se sumarán a la medida y que se están realizando refacciones en las penitenciarías de Córdoba para luchar contra la superpoblación.
Frente a esto, una agrupación de abogados cordobeses dio a conocer un documento que presentó hace dos semanas al Colegio que los nuclea, en donde denuncia la situación “extrema” que viven los presos en los penales locales. “Hace dos semanas presentamos la petición para que se declarase por ley la emergencia provincial del sistema penitenciario. Venimos trabajando en esta temática desde hace mucho tiempo, donde ha habido, dicho por jueces de la ejecución penal, un paso de 300 presos a cerca de 1.500 presos”, indicó a Radio Villa María Santiago Acuña, de la agrupación Abogados Litigantes, quien hizo hincapié en la falta de higiene, salubridad y maltratos que sufren los reclusos en las cárceles cordobesas.
La agrupación reclamó también por una “deficiente atención médica” para los presos en Bouwer y en la misma Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), localizada detrás del Hospital Misericordia. Tras una reunión realizada el martes, las autoridades del Colegio de Abogados se comprometieron a “analizar el pedido”. “Sabemos que la realidad es compleja. Unos abogados han hecho un pedido, pero el Colegio aún no pedirá la emergencia carcelaria”, indicaron desde la colegiación a La Voz.
En la actualidad, hay en toda la provincia unos 9.600 presos varones, mientras que las internas alcanzan las casi 400. Asimismo, desde el gobierno provincial indicaron que desde 2015, la población carcelaria sumó 1.000 presos por año, por lo que para fines de 2019, se prevé que haya más de 10.000. Cuando fue habilitada la cárcel Bouwer en el año 2000, había un preso por celda, mientras que hoy hay al menos cuatro internos que comparten espacio.
Con la finalidad de “descomprimir” y, principalmente, para que no se den situaciones de violencia como el intento de motín ocurrido durante febrero pasado, se prevé ampliar el alojamiento para 1.200 reclusos en los presidios ubicados en Bouwer, Villa María y la UCA. Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Martín Farfán, indicó que no se declarará la emergencia a nivel local.
