BRASILIA.- A tres meses de asumir la presidencia, Jair Bolsonaro comienza a mostrar su verdadero rostro en Brasil: luego de levantar una polémica de proporciones al ordenar celebrar el golpe de Estado de 1964, que dio inicio a la última dictadura, ahora impulsa una relectura de ese oscuro proceso en las escuelas de todo el país.
El ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, reveló en efecto ayer que introducirá cambios en los libros escolares para que los niños puedan tener “una idea verídica” de la historia, al tiempo que calificó a la dictadura militar como “régimen democrático de fuerza”. “La historia brasileña muestra que el 31 de marzo de 1964 fue una decisión soberana de la sociedad brasileña. No fueron los cuarteles quienes colocaron en la Presidencia a (Humberto de Alencar) Castelo Branco”, primer presidente de facto de la dictadura, argumentó insólitamente Vélez Rodríguez en una entrevista publicada por el diario Valor.
No se trata de un descuido del ministro, que intentó negar el golpe militar que en 1964 depuso al presidente democrático Joao Goulart bajo el argumento de que “Brasil adoptó un régimen democrático de fuerza porque era necesario en ese momento” para evitar el ascenso del comunismo. El gobierno mismo de Bolsonaro reafirmó día atrás su controvertida lectura del régimen de facto ante la Organización Naciones Unidas (ONU) en un telegrama de respuesta al relator especial del organismo sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de No Repetición, Fabián Salvioli, quien había calificado como “ina-dmisibles” los festejos por el golpe. En ese comunicado, la cancillería brasileña expresó que “no hubo un golpe de Estado sino un movimiento político legítimo que contó con apoyo de la mayoría de la población” para frenar la “amenaza comunista” y “organizaciones terroristas”.
Antes de llegar al Palacio de Planálto, el propio Bolsonaro se había hecho conocido por reivindicar públicamente al gobierno militar: “El error de la dictadura fue torturar y no matar. La dictadura debería haber fusilado a 30.000 corruptos, entre ellos el presidente Fernando Henrique Cardoso”, dijo en cierta oportunidad. Efectivamente, la Comisión Nacional de la Verdad, que investigó los crímenes de la dictadura que duró 21 años, contabilizó al menos 434 personas desaparecidas, pero más de 30.000 detenciones ilegales y torturas encubiertas. Organismos de derechos humanos denuncian además que más de 1.200 campesinos fueron asesinados o desaparecidos durante el período.
Según Carlos Fico, historiador y profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro especializado en el estudio de las dictaduras latinoamericanas, la iniciativa del Gobierno es “un intento de negacionismo puramente ideológico”. “En el campo de la historiografía no hay ninguna duda, no existe ningún debate de ese tipo. Nadie niega que haya habido un golpe y una dictadura porque sería considerado ridículo”, consideró a The Associated Press.
