El hecho de electrocución que sufrió el pasado sábado Javier Willington, hijo del ex futbolista de Talleres, Daniel Willington, tuvo eco entre referentes de la seguridad eléctrica de nuestra ciudad. La ONG Relevando Peligros, encargada de constatar los riesgos en la vía pública, hizo ayer referencia al incidente y volvió a pedir que no se prorrogue nuevamente la Ley de Seguridad Eléctrica provincial número 10.281.
La norma plantea, entre otras cosas, que las instalaciones de energía existentes acrediten condiciones mínimas de seguridad, así como la renovación de postes y tendidos eléctricos completos. Desde su sanción el 17 de junio de 2015, la medida sufrió reiteradas prórrogas para su implementación a través de la ley modificatoria número 10.670. En diciembre de 2019 se había extendido la aplicación de la ley hasta el 1º de diciembre de 2021.
En la actualidad, el presidente provisional de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, presentó una nueva iniciativa para prorrogarla por otros dos años. Como se recordará, Relevando Peligros, creada y conducida por Sandra Meyer, madre de un menor que murió electrocutado en 2009, viene luchando por la aplicación de la norma hace ya seis años.
A su vez, la organización recibe asesoramiento de la Epac (Electricistas Profesionales Asociados de Córdoba), quienes en exclusiva para HOY DÍA CÓRDOBA compartieron un comunicado donde plantearon que la extensión en la aplicación de la ley de seguridad eléctrica debería considerar las circunstancias actuales de los sectores carenciados, los jubilados y de las distribuidoras que colaboran en el área.
“Esperamos que esta nueva prórroga tenga en cuenta las necesidades de la gente y se avance en vez de retroceder”, señaló el documento que lleva la firma de Dante Pedraza, vicepresidente de Epac. Además, se aclaró que “las distintas ONG del rubro en la provincia están a disposición”.
«Uno de los errores de la ley 10.670, mal llamada prórroga desde el punto de vista de técnica legislativa, es creer que todas las instalaciones existentes por más que se las modifique o amplíe no habría que certificarlas, esto trajo un gran desconcierto y descontrol de los actores intervinientes. Sin embargo a la hora de un siniestro siguen siendo todos responsables y solidarios ante la justicia», planteó Pedraza.
Luego destacó como «otro gran error» el no ceder la potestad de la ley de seguridad eléctrica a la autoridad de aplicación vigente, que es quien se debería encargarse de regular su aplicación a los distintos sectores, en especial los mas afectados, y maximizar los esfuerzos en conjunto con los distintos sectores involucrados para bajar la tasa de electroshock y en especial electrocutados en la provincia.
El comunicado:
El ingreso de la Ley de Seguridad Eléctrica N° 10281 debería ser gradual ya que el impacto social que fue evaluado a través de un Estudio de Impacto Social, requiere adaptarse a las realidades sociales en las que se está
viviendo dada la situación económica del país.
No todas las franjas sociales se encuentran en la mismas condiciones de afrontar los requerimientos de seguridad, esto no significa dejarlos librados a su suerte sino ayudarlos socialmente desde distintos sectores partiendo desde los ministerios del gobierno para que puedan readecuar sus instalaciones eléctricas y alcanzar la Seguridad Eléctrica mínima suficiente. No es el caso de los edificios, countries, edificios públicos, etc.
Uno de los errores de la ley 10.670, mal llamada prórroga desde el punto de vista de técnica legislativa, es creer que todas las instalaciones existentes por más que se las modifique o amplíe no habría que certificarlas, esto trajo un gran desconcierto y descontrol de los actores intervinientes. Sin embargo a la hora de un siniestro siguen siendo todos responsables y solidarios ante la justicia.
El otro gran error es no ceder la potestad de la ley de seguridad eléctrica a la autoridad de aplicación vigente, que es quien se debería encargarse de regular su aplicación a los distintos sectores, en especial los mas afectados, y maximizar los esfuerzos en conjunto con los distintos sectores involucrados para baja la tasa de electroshock y en especial electrocutados en la provincia.
Se espera de esta nueva ley “modificatoria” que considere las circunstancias actuales de los sectores carenciados, los jubilados, y en especial a las distribuidoras que colaboren en este sentido. Las distintas ONG del rubro en la provincia están a disposición.
Esperamos que esta nueva prórroga tenga en cuenta las necesidades de la gente, entre otras, y se avance en vez de retroceder.
Prof. Mgtr. Pedraza Dante, vicepresidente EPAC; coautor de la ley de Seguridad Eléctrica de la provincia de Córdoba y otras.
Por su parte, desde la Fiscalía del Distrito 1 Turno 2, a cargo de Guillermo González, se abrió una investigación inicial con la intención de esclarecer y determinar eventuales responsabilidades en torno al siniestro sufrido por Javier Willington.
Evitan la muerte de un nuevo damnificado
Durante la tormenta que se produjo el pasado sábado en la provincia, Javier Willington casi muere electrocutado por entrar en contacto con un poste de luz en medio de la lluvia. El hombre se encontraba en el Club Córdoba Athletic y había salido a buscar su auto en compañía de sus dos perros.
El incidente se dio en la calle Argañaraz y Murguía al 3.100, donde la víctima recibió la descarga eléctrica y quedó inconsciente intentando auxiliar a sus mascotas, que murieron en el acto. Un guardia de seguridad del Athletic advirtió la situación y se acercó con un palo de hockey para moverlo y evitar una descarga.
Luego, dio aviso a médicos que se encontraban en el club, quienes lograron salvarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras ocurrir el suceso, Willington fue derivado al hospital Privado, donde actualmente permanece internado en terapia intensiva, aunque fuera de peligro.
