Marcos Peña es el mandamás del gobierno de Cambiemos. Desde un punto de vista institucional, es el jefe de Gabinete de ministros. Pero, además, es el hombre de confianza del Presidente de la Nación. De acuerdo con sus dichos, Mauricio Macri ve, escucha y habla a través de los ojos, los oídos y la lengua de Marcos Peña.
Este funcionario político ha sido el artífice principal de las decisiones tomadas y las acciones implementadas a lo largo de la gestión presidencial que se puso en marcha aquel 10 de diciembre de 2015. Junto con el todopoderoso asesor en marketing político, Durán Barba, han configurado la impronta del actual gobierno nacional.
Desde Elisa Carrió hasta Ernesto Sanz, pasando por los gobernadores radicales, todos los aliados del presidente Macri han sufrido sus maltratos. Nunca quiso convertir la alianza electoral con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, en una coalición de gobierno. En el fondo, los desprecia igual que a los peronistas.
Durante los dos primeros años, los aliados y fundadores de Cambiemos guardaron silencio y, al mismo tiempo, acumularon resentimiento. A partir de la crisis económica y social que produjo la fenomenal caída de la imagen presidencial, empezaron a escucharse sus quejas. Sin embargo, su poder sigue intacto.
No ha sido candidato y, por lo tanto, no se ha sometido a la consideración popular. Eso lo diferencia de los referentes políticos del entorno presidencial: el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Ha sido el autor y el portavoz de los muchos pronósticos errados. Entre ellos, aquel del 28 de diciembre de 2017, cuando (con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, como testigos) aseguró una inflación del 15 por ciento para 2018, el 10 por ciento para 2019 y el cinco por ciento para 2020.
Periódicamente, ha concurrido al Congreso a presentar los informes que ordena la Constitución Nacional reformada en 1994. Cada vez más, sus intervenciones se han caracterizado por un estilo altanero y prepotente, para nada conforme con el formato amigable de gestión pública que Cambiemos quiso comunicar a la sociedad argentina.
La negación de la realidad, la falta de autocrítica y las culpas a los gobernantes de ayer y los opositores de hoy, han recordado a los gobiernos que lo antecedieron. Lejos de las responsabilidades de su investidura y del cambio que debería representar.
Ignorancia agraviante
En su última presentación ante el Congreso, Marcos Peña dio muestras de una agraviante ignorancia sobre la organización y el funcionamiento del federalismo en la República Argentina, previsto en el artículo 1º de la Constitución Nacional que juró cumplir y hacer cumplir. Aunque no sería este su primer incumplimiento.
En particular, al referirse a la provincia de Córdoba, el jefe de Gabinete sostuvo que el gobierno nacional financia el 50 por ciento de los gastos corrientes del gobierno provincial. Descartando la mala fe del funcionario, solamente el desconocimiento puede explicar semejante exabrupto técnico y político.
Por lo que se puede inferir, cree que los recursos provenientes de la coparticipación de impuestos son de la Nación. Partiendo de ese supuesto unitario propio de mediados del siglo 19, concluye que, gracias a la voluntad política del presidente Macri, su gobierno los trasfiere a las provincias para que estas financien sus gastos.
Si Peña hubiera hecho esta afirmación en un examen de cualquier facultad de ciencias jurídicas o económicas, hubiera sido reprobado. Porque los recursos de la coparticipación nacional son de las provincias, no de la Nación. Así como los recursos de la coparticipación provincial son de los municipios y comunas.
En la segunda vuelta de las elecciones del año 2015, el electorado cordobés le dio la presidencia a Mauricio Macri frente a Daniel Scioli. De esa manera, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner pagó el costo político y recibió la reprobación de la gran mayoría de los cordobeses por tantos años de discriminación.
El presidente de la Nación sabe que sin los votos de esta provincia no hubiera llegado a la Casa Rosada. También debe saber que se ha mantenido en el ejercicio de sus funciones gracias a la gobernabilidad proporcionada por los gobernadores justicialistas, encabezados por el de Córdoba, Juan Schiaretti.
Su “otro yo”, el jefe Peña, debería tenerlo en cuenta antes de enrostrar a los cordobeses algunas obras que el gobierno macrista ha ejecutado en esta provincia, según sus datos, por 1.700 millones de pesos. Poco para lo que aporta Córdoba al país. Muy poco en comparación con las millonarias deudas pendientes.
La tentativa de facturar “electoralmente” algunas obras nacionales, muestra una forma antigua y decadente de hacer política. Un agravio inesperado e injustificable a los cordobeses. Sobre todo, si se considera que en Córdoba, como en otras provincias, la Nación publicitó más de lo que hizo e hizo menos de lo que prometió.
