La Justicia de Corrientes investiga un total de 75 denuncias penales con respecto a incendios intencionales en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia. Así lo informó el fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, quien el 15 de febrero pasado había ordenado a los instructores de toda la provincia que prioricen los delitos relacionados a incendios «rurales y/o forestales, procurando su pronta resolución».
Ese mandato, en el que se solicitó «apelar a todas las medidas y recursos disponibles para el esclarecimiento de esos hechos», se tomó en medio de la grave emergencia por los incendios que ya afectaron el 9% del territorio provincial.
En este marco, las investigaciones impulsadas a través del decreto provincial 15, apuntan a encontrar los responsables de los incendios, que acarrean el «consecuente peligro de vida y riesgo a la integridad física de las personas y a sus bienes», como asimismo la «destrucción del ecosistema ambiental y las magnánimas perdidas en la producción agrícola ganadera en todo el territorio provincial».
A su vez Sotelo solicitó que se promuevan reuniones con las Fuerzas de seguridad locales «a fin de impartirles las instrucciones pertinentes para la inmediata investigación de delitos de esta índole, estableciendo directivas que garanticen la intervención eficaz del Ministerio Publico Fiscal».
Según fuentes judiciales, a pesar de que las condiciones climáticas y la sequía que afecta la región desde hace dos meses jugaron un papel importante, se estima que cerca de la mitad de los incendios fueron provocados en forma intencional.
Cabe traer a colación que según el relevamiento satelital del Instituto Nacional Agropecuario (INTA), los incendios consumieron al menos 408.856 hectáreas de malezas, esteros y otros bañados, además de 31.265 de bosques cultivados y 38 mil de bosques nativos. Los distritos más afectados por el fuego son Ituzaingó, con 138.100 hectáreas; San Miguel, con 93.713, y Santo Tomé con 81.705.
