El gobierno nacional actúa como pastorcito mentiroso. Incumplir promesas –inflación cero, fútbol para todos, eliminación de Ganancias a los trabajadores, no endeudamiento con el FMI- es su costumbre. Ya pocos le creen, aun cuando emblematice la amenazante aparición de un lobo- en la persona de Cristina Kirchner.
El gobierno de Cambiemos debería haber mirado desde lo alto, tras su triunfo en 2015, proponiendo acuerdos sustentables cuando se tiene el poder y no cuando este mengua. No puede aducir no contar con mayoría en el Congreso cuando la oposición garantizó la gobernabilidad a costa de la aprobación de leyes impopulares, como la reforma jubilatoria. Muy a contramarcha del ejemplo de La Moncloa, pacto celebrado en España al fin del franquismo, con participación de todas las fuerzas políticas, desde la derecha democrática hasta el comunismo. Generoso, sin exclusiones. No como ha procedido, hasta ahora, el presidente Mauricio Macri, ninguneando a gran parte de la oposición. Es decir fortaleciendo la grieta.
El gobierno debilitado, tardíamente propone un decálogo de acuerdos detrás de pomposos títulos ausentes de contenido. El gobierno pudo implementar algunos sin más, a partir de su asunción, como el de “asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente”. O cuando propone “lograr y mantener el equilibrio fiscal”. Nadie duda de su necesidad. Argentina tiene una norma de responsabilidad fiscal –ley 25.917 del año 2005- que fue ratificada por el actual parlamento con el apoyo de buena parte de la oposición. Lo que se necesita es mejorar los sistemas de control. Nada ha hecho para instituir una nueva organización de la Auditoria General de la Nación como prevé la Constitución. Poco favor hace la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien ha decidido no investigar al actual gobierno, una obligación ineludible al cargo.
Otros puntos son meras exposiciones de deseos como el de una “mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones” y el “respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión”. ¿De qué protección a la producción y seguridad jurídica se puede hablar cuando uno de los símbolos más importante de una nación, su moneda, ha sido vapuleado por quien hoy es gobierno?
En relación a la “consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político”, más que tiempo tuvo para proponer una ley de coparticipación, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Lo mismo puede decirse al sostener la “reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal, enfocado en los impuestos más distorsivos” cuando la rémora del gobierno ha sido de quelonios al no haber propuesto un régimen impositivo acorde. Más bien acentuó –vía impuesto inflacionario- la regresividad tributaria. A ello le sumamos haber eliminado retenciones mineras y agropecuarias que de alguna manera amortiguaban dicha regresividad.
Poca autoridad tiene al “sostener un Banco Central independiente que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos”, cuando la triada de sus presidentes Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris, afamados por defender políticas monetarias ortodoxas, rifaron miles de millones de dólares de reservas, sin detener el flagelo inflacionario.
Salvo la izquierda más dura, nadie sostiene estar en contra del “cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. Deuda pública que se multiplicó por la irresponsable política de endeudamiento del gobierno. Pero, si por miedo fuera, que se queden tranquilo los CEOS del oficialismo que a sus acreedores amigos –desde el FMI hasta los bancos de inversión- se les pagará más que debidamente. Sergio Massa y Roberto Lavagna sostienen que se cumplirán los compromisos. Y si por lobo temen, el economista más cercano a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, declara que de accederse al gobierno se negociará una reestructuración con mejores plazos de vencimientos.
Finalmente, dos de los puntos más álgidos: “creación de empleo a través de una legislación laboral moderna” y “consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo”, proponerlos en momento de crisis social y de definiciones electorales es llevar a la población a una mayor angustia a la existente. Tal vez definidos los resultados electorales próximos podremos contar con un gobierno fortalecido que pueda convocar a pactar propuestas sustentables para el futuro.
No hay más lugar para distractivos a lo Durán Barba. La sociedad –lo dicen las encuestas- ha dejado de confiar en el gobierno. Como finiquita la fábula de Esopo el arco opositor le está contestando: “Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes, pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando diga la verdad”.
