La denuncia de que el gobierno de Mauricio Macri participó del envío de material antidisturbios al Estado Plurinacional de Bolivia, durante los momentos iniciales del golpe de Estado, sacudió el panorama regional y nacional. El Canciller del gobierno de Luis Arce, Rogelio Mayta, fue quien presentó las pruebas documentales en una conferencia de prensa a última hora el viernes pasado.

Las armas que se enviaron, supuestamente para colaborar en la represión de las protestas contra el gobierno de facto, en principio habrían sido 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC. Todo esto surge de una carta escrita por el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada en agradecimiento al gobierno argentino. La misiva fue recibida y protocolizada en la embajada argentina en La Paz, y puesta inmediatamente a disposición del gobierno boliviano.

En Bolivia ya existen dos investigaciones actualmente en curso contra quienes participaron de la aventura golpista y el gobierno de facto. Una por ruptura del orden constitucional”, y otra por graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa Golpe de Estado”. La ex cabeza del gobierno de facto, Jeanine Añez, se encuentra actualmente detenida a causa de esas investigaciones. El lunes pasado, su abogado presentó un recurso para que pueda enfrentar los procesos en libertad, pero el juez de El Alto, que entiende en la causa, lo denegó. Añez está en prisión desde hace cuatro meses, al igual que numerosos ex jefes policiales, militares, y dos de sus ministros. La ex mandataria de facto también está procesada en una causa por las masacres de Senkata y Sacaba, en 2019, por las cuales se la acusa bajo la figura de genocidio.

A su vez, en el parlamento se está investigando la posibilidad de levantar una acusación por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no tuvo el aval del Poder Legislativo; la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio; y un decreto contra la libertad de expresión.

El gobierno argentino de Alberto Fernández, cuyo rol junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue clave para salvar la vida del presidente derrocado Evo Morales, y hoy un claro aliado político del ejecutivo de Luis Arce, inició una investigación contra su predecesor en la titularidad del Ejecutivo, Mauricio Macri, por haberse detectado inconsistencias” en los registros de envíos de materiales antidisturbios no letales al país vecino.

Macri, al frente de la principal fuerza opositora hoy, afirma que se trata de una persecución conjunta, entre La Paz y Buenos Aires, para influir en los resultados electorales de los comicios legislativos este año en Argentina.

Fernández envió, hace una semana, una misiva al presidente boliviano. Allí se disculpa por lo que considera la colaboración” de su antecesor con la represión militar y policial”, producida tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Lo cierto es que, efectivamente, hay algunas inconsistencias respecto del material enviado y el registrado por la policía boliviana: de los 70.000 cartuchos antidisturbios, la policía del país vecino registró la entrada de 1.350. No hay registro de la entrada de las granadas de mano ni de los sprays, que sí figuran en los registros aprobados para su envío en Argentina.

Además, las autoridades de Bolivia asentaron el ingreso de elementos como mantas antibombas”, detector de metales”, y otros elementos que no fueron autorizados por Argentina.

En las masacres de Sacaba y Senkata fueron asesinadas, cuando menos, 20 personas y se produjeron más de 200 heridos de bala. Lo sucedido durante los acontecimientos de noviembre de 2019 tienen consecuencias e implicancias cuyo alcance aún no se termina de dimensionar.

Mientras los responsables bolivianos están siendo juzgados, la Justicia de ese país también exige que sean llevados ante los tribunales quienes ellos consideran aliados políticos o diplomáticos extranjeros. Por lo pronto, es aventurado asegurar de manera fehaciente que, hubo un delito concreto en el envío de material antidisturbios a Bolivia, ya que eso deberá ser objeto de una investigación judicial seria, sin inclinaciones políticas. Pero a estas alturas no cabe ninguna duda que el gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri apoyó, desde la diplomacia y la seguridad militar y policial, el derrocamiento de Morales y la llegada al poder de Jeanine Añez.

Esos hechos no son juzgados por ningún tribunal, pero sí por la historia. Y de forma inapelable.