El lunes de la semana pasada comenzó el juicio penal contra el ex presidente Donald Trump y se largó una batalla judicial en una sala de Manhattan. Allí, el magnate enfrenta 34 cargos de delitos graves por falsificación de registros comerciales. Se trata de la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un ex presidente es juzgado en un proceso criminal penal. Pero además de eso, no se trata de cualquier ex mandatario, sino uno que, justamente, tiene grandes posibilidades de regresar al Salón Oval de la Casa Blanca en el transcurso de los próximos meses. Tras una larga y compleja elección de los jurados, el juicio ya lleva más de una semana, y no pinta nada bien para el ex presidente. De todas maneras, pase lo que pase, lo más probable es que no afecte su performance electoral de las elecciones del segundo martes de noviembre próximo.
El juicio tiene que ver con pagos para silenciar a una actriz de películas para adultos antes de las elecciones de 2016, y marca otro momento increíble en la historia de Trump, cuya continua prueba de los límites del decoro presidencial y la ley ya causó casi nueve años de tumulto político en los Estados Unidos y, en caso de ganar el próximo noviembre, aún puede tener años por delante. Almismo tiempo, plantea la posibilidad de que, dependiendo del veredicto del jurado, el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024 podría ser un delincuente convicto. Y dada la materia del caso, detalles sobre un pago a una mujer que afirmó tener una relación sexual con Trump, lo cual él niega, podría reflejarse negativamente en el carácter y la ética de Trump mientras los votantes consideran sus decisiones en noviembre.
Sin embargo, es probable que este no sea el caso. No deja de ser curioso que, aunque sea condenado, de acuerdo con los sondeos, 9 de cada 10 de sus electores aún votarían por él. Los pagos de dinero para silenciar no son ilegales. Trump está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar información desfavorable que podría haber perjudicado su campaña a los votantes, en un presunto ejemplo temprano de interferencia electoral. El hecho de que este caso provenga de una presunta conducta personal significa que podría tener un impacto político menor que los otros tres juicios pendientes de Trump, los cuales se basan en preocupaciones constitucionales y legales más importantes relacionadas con los poderes de la presidencia, como el intento de toma del Capitolio de 6 de enero de 2021.
La segunda semana del juicio, Trump intentó una “gag order”, a pesar de que no podía hacerlo. Una «gag order» es una orden judicial que prohíbe a las partes involucradas en un caso discutir o divulgar cierta información. Por lo general, se utiliza en casos legales para evitar que las partes hablen públicamente sobre detalles del caso, ya sea para proteger la privacidad de las partes implicadas, para mantener la imparcialidad del proceso judicial o para evitar que la información sensible se divulgue antes del juicio. Estas órdenes pueden aplicarse a abogados, testigos, partes involucradas y en algunos casos incluso a los medios de comunicación. Es interesante cómo esta maniobra de Trump muestra lo que ha hecho desde siempre: hacer algo que sabe que no se puede hacer.
Los fiscales ahora buscan que el juez imponga una multa de $ 1.000 dólares a Trump por cada una de las 10 presuntas violaciones de la orden de silencio, y advierten que la prisión podría ser una opción si continúa desobedeciendo las restricciones. El Servicio Secreto, los funcionarios judiciales y el Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York han consultado en silencio sobre qué hacer si Trump termina siendo encarcelado por desacato al tribunal. Esa solución sigue siendo una posibilidad lejana por ahora, pero cualquier paso eventual en esa dirección no puede descartarse, ya que ningún juez puede permitir que un acusado se burle de su autoridad, lo que esencialmente constituye un desprecio por el estado de derecho. Lo cierto es que, si cualquier otro sujeto “normal” hubiera hecho lo que hizo Trump, muy probablemente, ya estaría preso.
Por supuesto, es el modus operandi histórico del ex presidente, y lo será, seguramente, si vuelve a la Casa Blanca. En medio de una campaña donde profiere declaraciones irresponsables una y otra vez, no sorprende a nadie que en el juicio tampoco se comporte de manera responsable. No deja de ser curioso que en un clima político y social en los Estados Unidos donde se estrenan películas como Civil War que imagina un enfrentamiento armado entre distintas facciones internas, Trump diga que, si pierde las elecciones, se provocará un “baño de sangre”. El país se encuentra en un momento bisagra como no vive hace décadas. La democracia que se ufanaba de la transparencia de sus instituciones y la estabilidad de sus políticas hoy, es otra cosa. Lo cierto es que el viejo Estados Unidos que se construyó a través del cine y de su enorme aparato de propaganda cultural ya no existe más, si es que alguna vez lo hizo. La novedad, ahora, es que ese mismo aparato y sus principales dirigentes, por primera vez, lo admiten públicamente.
