El 2023 será recordado en la Justicia Federal de Córdoba como un año movidito y con varias cuestiones que sacudieron la tradicional modorra, propia de un status quo en el que la mayoría se dedica a “cuidar su quinta”. Por caso, a fines de noviembre pasado, la Cámara Federal cesanteó al médico Eduardo Enrique Gasparrini, quien desde hacía casi una década se ocupaba de realizar pericias oficiales, tal como lo había hecho su padre ya jubilado.
El corpulento facultativo fue acusado de “dibujar” certificados de incapacidad de la Anses, con dolencias similares (artrosis de columna y rodilla) y por encima del 66% para, de este modo, consumar hechos inexistentes que perjudicaban al Estado nacional y que favorecían a particulares que se jubilaban por invalidez, y a estudios jurídicos que, aparentemente, sabían cómo estimular este mecanismo posiblemente delictivo.
Pero, además, incurrió en otras irregularidades, como la convocatoria del perito jubilado Jorge Eduardo Mosquera, quien ya no cumplía funciones en la Justicia Federal. Un hecho llamativo y que probablemente se corresponda con la contundencia de las pruebas es que Gasparrini resolvió no oponerse a la resolución de su desplazamiento. Ahora, un fiscal federal deberá investigar si lo ocurrido configura algún delito sancionado por el Código Penal.
Como un dato aparte, y según recuerdan en la Torre del Parque Sarmiento, este joven médico de aspecto generalmente adusto, tenía la costumbre de concurrir armado al trabajo, algo que dejó de hacer el año pasado, tras la orden que recibió de la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi. También lo recuerdan por sus intervenciones favorables a los acusados en los juicios por Terrorismo de Estado en Córdoba. Es más, una anécdota dice que, en una oportunidad, y durante una pericia al multicondenado genocida Luciano Benjamín Menéndez, Gasparrini lo saludó parándose y diciéndole: “¡Buen día, mi general!”.
Los estelares
Arranca ya la actividad en los tribunales provinciales y federales, como si fuera el comienzo de las clases. El 2023 terminó muy caliente con imputaciones y detenciones resonantes, como las de las ex autoridades del Servicio Penitenciario y, también, por los certificados truchos de Bomberos. Por lo tanto, y en este nuevo inicio, comenzará el desfile de abogados defensores, después de un enero interminable para quienes están alojados en la cárcel de Bouwer.
Pero, además, este año presenta una cartelera de juicios con casos de altísimo impacto, cuyas audiencias concitarán la máxima atención de los medios y de la opinión pública. En la Cámara Octava, por ejemplo, juzgarán a Roberto Carmona por el homicidio del taxista Javier Bocalón el 13 de diciembre del 2022. Vale recordar que el peligroso criminal escapó de la casa de su pareja y burló la custodia de seis agentes penitenciarios que lo habían traído desde Chaco. Seguramente, Carmona recibirá otra condena a perpetua y pasará su vejez, posiblemente, en la cárcel de Cruz del Eje.
También será juzgado este año Diego Concha, acusado de haber provocado la muerte de la bombera Luana Ludueña, a quien habría abusado cuando era jefe de Defensa Civil. Sin dudas será un debate jurídico muy interesante con la posibilidad de la máxima condena para el acusado.
En otro orden, y recién para octubre, la Cámara 12 tiene previsto el proceso al destituido ex juez Martin Flores, imputado por presuntos abusos y violencia de género contra su ex pareja. Los hechos en los que se lo involucra son muy delicados y, de probarse, el fiscal podría pedir una condena de cumplimiento efectivo.
Finalmente, para el segundo semestre quedará el juicio por los bebitos fallecidos y sobrevivientes del Hospital Materno Neonatal. Según la investigación del fiscal Raúl Garzón, la enfermera Brenda Agüero protagonizó una macabra historia que habría sido minimizada y ocultada por las autoridades del nosocomio y del Ministerio de Salud con su titular Diego Cardozo a la cabeza. Por supuesto, habrá muchos otros casos muy fuertes que se juzgarán, aunque los mencionados, podrían ser considerados como “los estelares”.
