Como hongos después de la lluvia, así parecieran multiplicarse los ladrones en Córdoba, y también los especializados en el rubro automotor. En los últimos tiempos, además, se valen de inhibidores de alarmas y otros chiches tecnológicos que les permite a los malhechores levantar rápido, enfriar y desarmar o vender en otras provincias. Pero en la Cámara Octava del Crimen comenzaron a juzgar a veintiún imputados de asociación ilícita, esto es, de formar parte de una banda con roles determinados y con una creativa modalidad.
Según la investigación del fiscal Horacio Vásquez, allá por el año 2019 y justo antes de la pandemia del Covid-19, alquilaban camionetas de alta gama en Centro Motor, Fácil Rent y Servi Aut, la mayoría de las veces con tarjetas de créditos falsificadas o clonadas. Luego las llevaban al norte del país y por la provincia de Salta cruzaban la frontera para finalmente vender estos autos en Bolivia. Ventas que por supuesto cobraban en dólares. Luego, regresaban a la Argentina y denunciaban que esos vehículos habían sido robados. Encima se quedaban con los documentos originales de estos autos y los reutilizaban para seguir robando y desguazando, porque también vendían autopartes, conformando una auténtica banda «todoterreno».
La mayoría de los acusados admitieron su participación en algunos de los 22 hechos, y acordaron condenas de entre 3 y 6 años de prisión, algunas en suspenso. La controversia se centra en Gabriel Dahbar, considerado el cabecilla y organizador, y uno de sus hijos, ya que en ambos casos rechazan los cargos. Al margen de la resolución en este proceso, dirigido por el juez Eugenio Peres Moreno, no ocurre todos los días que un juicio sea multitudinario, con tantos acusados y abogados defensores. En Tribunales, algunos curiosos sacaron fotos para guardar como suvenires y recordar con el paso del tiempo el juicio de las «chatas bolivianas».
