El pasado domingo, la mayoría de los fiscales del Poder Judicial de Córdoba, y también integrantes del Superior Tribunal, se enteraron por una publicación del principal matutino provincial, que el Ministerio Público Fiscal implementará cambios organizativos para intentar calmar la bronca social ante tantos robos y hechos de inseguridad que ocurren en casi toda la ciudad. En la nota periodística incluso aparecía una foto del Fiscal General Delgado con sus Adjuntos, más el Presidente del TSJ, Domingo Sesín, acompañado por el vocal Luis Angulo. Rápidamente se multiplicaron los enojos y reproches por estas medidas no consensuadas en lo más mínimo con quienes día a día trabajan con la problemática. Con el correr de las horas, desde la Fiscalía General intentaron bajar la espuma al malestar al aclarar que no se trataba de «un plan terminado», y que todas las opiniones iban a ser bienvenidas.
Ocurre que la cuestión de fondo es mucho más compleja y depende no sólo del momento que vivimos sino también de las políticas sociales y económicas que impulsan los gobiernos nacional y provincial. Si en vez de promover una más justa distribución de los recursos y el acceso de muchos jóvenes a una buena alimentación, educación, salud y capacitación, se elige excluirlos y echarlos a las calles para que vivan al día y, así, se sumen a la «fábrica de delincuentes» para poder sobrevivir, entonces las tareas represivas prevalecerán y ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia darán a vasto; sin descontar las cárceles superpobladas con muchos presos que «matan el tiempo» consumiendo drogas que consiguen en los quioscos internos.
Según la nueva estructura, cada fiscal atenderá una única zona de la ciudad de modo conjunto con una unidad judicial, y así los vecinos tendrán una especie de sheriff que deberá responder a infinidad de reclamos, posiblemente con los mismos recursos actuales, o con alguna leve mejoría. El proyecto puede ser beneficioso siempre y cuando no sea fruto de una improvisación para atender a una coyuntura o a los tiempos electorales. Por ahora, una de las preguntas que surge es si este plan impulsado desde la Fiscalía General es cosmético o genuino.
