Sin dudas en los últimos años la Argentina se convirtió en un país de interés por una modalidad delictiva poco conocida en el resto del mundo. Las estafas virtuales desde las cárceles se multiplicaron de una manera increíble a partir del «mercado negro» de celulares en las prisiones, algo supuestamente prohibido por la legislación pero permitido incluso por guardiacárceles cómplices de un gran negocio.
El próximo 1 de noviembre comenzará en Córdoba un multitudinario juicio en la Cámara Décima del Crimen a 28 imputados, 16 hombres y 12 mujeres, acusados por 1.316 casos de estafas virtuales que siete cabecillas cometían desde el interior de los penales de Río Cuarto y Villa María, y que terminaban de consumars desde el exterior familiares que se encargaban de «cosechar» los frutos de las estafas. Los siete presuntos organizadores de la asociación ilícita que serán condenados por encima de los 5 años de cárcel, son Rubén y Mario Heredia, Juan Vásquez, Emanuel Ruiz, Daniel Barroso, Josue Tejeda y Pablo Villarroel. La modalidad consistía en llamar al voleo y engañar a gente desprevenida que quedaba encandilada por el ofrecimiento de un falso préstamo a una tasa de regalo y que para acceder al mismo en un plazo de 48 horas tenían que dirigirse a un Pago Fácil y, a través de Western Unión, realizar un depósito para gastos administrativos. Lo asombroso es que estas estafas fueron cometidas durante dos años, entre 2017 y 2019.
El otro dato saliente además de la impresionante cantidad de víctimas, es que «picaron el anzuelo» víctimas en casi todo el país, ya que hay damnificados de la mayoría de las provincias, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Como dijo uno de los defensores, este juicio se tendría igual que el disco de Leon Gieco y Gustavo Santaolalla: «De Ushuaia a La Quiaca».
