Impunes
La palabra impunidad proviene del latín impunitas que significa «sin castigo», y aunque resulte una obviedad, cuando la Justicia no puede, o no quiere resolver un delito, como un boomerang vuelve una sensación de impotencia y descreimiento que contribuye al desánimo y al convencimiento que «no todos somos iguales ante la Ley, y que la Ley no es pareja para todos».
El viernes pasado, en los tribunales de Cruz del Eje, tuvieron que absolver a Lucas Bustos, quien estuvo detenido durante un par de años acusado por el femicidio de Cecilia Basaldúa. De movida nomás, los padres de la víctima apuntaron al ex policía Mainardi y a otros por un presunto encubrimiento, pero fundamentalmente por colocarlo a Bustos como un perejil para condenar a un inocente y cerrar el caso. De hecho, los querellantes terminaron festejando la absolución del acusado, lo que constituye una rareza en los juicios penales de Córdoba y del país. Lo que podría venir ahora es un pedido de destitución para la fiscal Paula Kelm, quien investigó el crimen.
Mientras tanto, en el sur provincial, la absolución del médico Marcelo Macarrón fue confirmada y, así, el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso sólo quedará en la memoria de los riocuartenses como el epílogo de un misterio cuyo entramado conocen algunos pocos, y bajo siete llaves. En definitiva, la idea predominante en este final, es que no se esclareció este caso porque no se quiso, y por siempre permanecerán las dudas sobre si Macarrón, el abogado Lacase y el francés Rohrer estuvieron o no involucrados. Lo cierto es que ganaron quienes ocultaron y contaminaron, imponiendo la perversa impresión de que a Nora la estranguló el hombre invisible.
Por supuesto no se trata de condenar por condenar. Se trata de investigar con seriedad y de mostrar que el Poder Judicial Provincial está robusto, y no comete horrores como en la instrucción de estos dos crímenes. El resultado es claro y lapidario: los asesinos de Nora Dalmasso y de Cecilia Basaldúa están impunes.
No aflojan
Cuando en el mundo natural una presa acecha, la potencial víctima se refugia hasta que el peligro pasa. En el acervo popular, se sabe que lo recomendable es desensillar, hasta que aclare. En el ámbito delictivo, los ladrones conocen a la perfección cuándo actuar y cuándo «hacerse humo» o dejar enfriar una situación. Sin embargo, en el caso de las estafas a la obra social provincial Apross, al menos estas reglas no parecieran ser obedecidas por algunos osados.
Hace algunos días un farmacéutico y una responsable técnica fueron detenidos, acusados por presuntas estafas con facturas falsificadas y con maniobras en el padrón de los afiliados diabéticos, quienes todos los días necesitan medicamentos, insulina y tiras reactivas, lo que le genera a la Apross un aporte de alrededor de 100.000 pesos por cada uno de ellos. Estas maniobras ya se hicieron también con carísimos medicamentos oncológicos, por personas que de ningún modo son marginales, sino que aparentemente conocen muy bien la mecánica delictiva, incluso con las recetas electrónicas (que reemplazan a las de papel), y las múltiples medidas de seguridad implementadas para terminar con esta sangría. Los estafadores conocen el sistema, también a farmacéuticos que son engañados en su buena fe y con afiliados que presentan las denuncias luego de ir a buscar sus remedios y encontrarse con la sorpresa que alguien no identificado ya se llevó su cupo mensual. Por supuesto, los diabéticos no pueden esperar y entonces la Apross rápidamente tiene que hacerse cargo.
Los perjuicios económicos a esta obra social en los últimos años son millonarios y lo que llama poderosamente la atención es la persistencia del delito, a pesar de los progresos en las pesquisas y del cada vez menor margen para «portarse mal». Aunque cuesta creer, hasta ahora, estos estafadores hacen «pito catalán» y no aflojan.
