Muchos nos sorprendimos hace un par de semanas, cuando nos enteramos que desde la Cámara Séptima del Crimen habían pedido habilitar la segunda quincena de la venidera feria (vacaciones) de enero, para iniciar el que será uno de los juicios más importantes de la historia judicial de Córdoba. Sin dudas, la causa Neonatal, sobre los bebitos fallecidos y sobrevivientes, constituye uno de los eslabones más prominentes en cuanto a lo increíble y espantoso de los hechos, mucho más cercanos a una película dramática y de terror, que a la vida real. Por eso el juicio será muy complejo hasta en los detalles, para lograr alumbrar en el debate la verdad de lo ocurrido. No será tarea sencilla, más allá de la gran cantidad de pruebas testimoniales (alrededor de 200), documentales, periciales y de toda índole que logró recolectar el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, luego de las dos primeras denuncias recibidas en tribunales en junio de 2022.
Por supuesto, la principal acusada es la enfermera Brenda Agüero, por la muerte de cinco pequeños y por la tentativa de homicidio en el caso de otros ocho. Sin dudas, y de confirmarse su autoría, será condenada a prisión perpetua. Pero también serán juzgados por no haber denunciado lo que pasaba, u ocultado pruebas y por presunto encubrimiento, las máximas autoridades del Materno Neonatal y del Ministerio de Salud, con el ex ministro Diego Cardozo a la cabeza. Así las cosas, el tribunal integrado por Patricia Soria, José Cesano y Laura Huberman avanza con los prepa-rativos de un proceso que durará varios meses, y que contará con la participación de muchos abogados y familiares de las partes. Desde ya, lo que suceda en las audiencias tendrá una cobertura mediática nacional muy potente, como si se tratara de una serie de Netflix.
Por todas estas razones, tal vez, y porque además 2025 será un año político con elecciones legislativas, es que quizás haya algún interés en evitar posibles esquirlas o usos electorales de los eventuales resultados del juicio. En lo que respecta a la acusación, el sentido común indica que debieran ser dos los fiscales que lleven adelante la acusación, como ya ha ocurrió en otros juicio de estas características, como el del crimen de Blas Correas en la Cámara Octava. Por supuesto, ya está confirmada la parti-cipación de Sergio Ruiz Moreno, quien es el fiscal propio de la Cámara. La lógica indica, también, que debería ser sumado el fiscal que investigó, instruyó y metódicamente armó toda la causa. Es difícil imaginar un juicio de este volumen sin la presencia de Raúl Garzón, que por ahora no fue confirmado. Tal vez para alguna gente, la participación de este fiscal sería inconveniente, pero para la transparencia del juicio, el supremo interés de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad, su intervención sería fundamental.
