Como contamos en esta columna hace un par de semanas, a ninguno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación les preocupa lo que pasa con los precios de los alimentos o de los remedios, o si crece o baja el número de pobres en el país. Están inmunizados contra las críticas, y el sueldo que les depositan en sus cajeros es, hoy por hoy, de $ 9.000.000 como mínimo; pero además, cada vez que piden partidas al Ejecutivo, es el ministro Cúneo Libarona quien se encarga en persona de garantizar el trámite. Mientras la motosierra causa estragos con los jubilados y empleados públicos de diferentes reparticiones, con la licuación de haberes y despidos y retiros, al Poder Judicial les dan hasta los centavos.
Si bien los gastos del Poder Judicial son del 36,1% dentro de las erogaciones de funcionamiento del Estado, los datos oficiales indican que, por el momento, no han sufrido recortes y que en lo que va del año es la segunda partida que más aumentó con el 71,1%, detrás del 81,8% de la Obligaciones del Tesoro. Asimismo, los reclamos salariales de los trabajadores fueron correspondidos con incrementos que recomponen el salario y lo ponen a salvo de la inflación. Es más, la preocupación por estas horas pasa por lo que pueda aprobarse en el Senado de la Nación sobre el pago del impuesto a las Ganancias, y que impacta en casi un tercio de los judiciales actuales.
Hace algunos días, un experimentado magistrado de la Justicia Federal lo dijo con absoluta claridad: «Si Milei hubiera amagado con algún guadañazo, hoy el Decreto 70/23 ya estaría frito». Pero además, se tienen que tratar otras cuestiones que importan al Gobierno nacional, y también de La Libertad Avanza en la Justicia Electoral. Por lo tanto, y al menos por ahora, casi todo es paz y amor entre el León y la Corte. Dicho de otro modo, para la Justicia, ¡hay Plata!
