Muy posiblemente hoy, en los tribunales de Santa Rosa de la Pampa, resulten condenadas a prisión perpetua Magdalena Espósito y Abigail Páez, la madre del niño Lucio Dupuy y su novia, ambas acusadas de homicidio calificado y abuso sexual. Según las pruebas, golpearon al pequeño de sólo cinco años, quien finalmente falleció por las hemorragias internas ocasionadas por el cruel maltrato. De hecho, la autopsia al cuerpito confirmó la existencia de politraumatismos, mordeduras y quemaduras, torturas a las que Lucio fue sometido, incluso antes del 26 de noviembre del 2021 cuando murió. Pero, además, este hecho espantoso desnudó graves falencias en la red estatal y social que no advirtió la situación a pesar de que algunos médicos lo atendieron cinco veces por traumatismos varios, al igual que las propias docentes del jardín de infantes al que llevaban a Lucio.
Como derivación de esta tragedia, y así como en su momento ocurrió con la Ley Micaela para que todos los funcionarios públicos se capaciten sobre violencia de género, ahora la Cámara de Diputados de la Nación aprobaría la Ley Lucio para que, de igual modo, se capacite a los agentes públicos sobre maltrato infantil. En sí mismo, este proyecto se podría considerar un aporte más a la concientización sobre esta creciente problemática, al menos para que algunos legisladores muy ocupados en otros menesteres tengan una somera idea de lo que sufren miles de niños argentinos, víctimas además de otros maltratos como la desigualdad, la marginalidad, la pobreza y la miseria. Sin embargo, lo que los funcionarios públicos deberían hacer, es aplicar y hacer cumplir las normativas ya existentes, incluso las internacionales a las que Argentina adhiere como los tratados de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989.
Enfrentar de verdad al maltrato infantil exige herramientas concretas, ágiles y efectivas, antes que la creación de organismos burocráticos que suelen servir para promociones políticas, o medidas para la tribuna. Sin dudas, con la legislación vigente, ya se puede atacar con fuerza a este flagelo, y por lo tanto no hay que perder tiempo en cuestiones superfluas. Nuestros niños indefensos no pueden esperar y, por lo tanto, lo primero debe ser lo primero.
