En sus más de 400 años de existencia, el emblemático Cabildo de Córdoba tuvo múltiples usos que guardan infinidad de historias. En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este símbolo arquitectónico de la Capital provincial, situado al lado de la plaza San Martín y la Catedral, fue escenario de toma de decisiones políticas, sociales y judiciales importantes
Las actas capitulares redactadas en los años posteriores a 1573 (fundación de Córdoba) ya indicaban de la existencia del Cabildo, que empezó a construirse en 1588 y se terminó en 1610, aunque no con sus características actuales.
Por aquel entonces, se llamó Cabildo de Justicia y Regimiento de Córdoba. Durante la dominación española tuvo la función de ayuntamiento colonial: organizó los asuntos vecinales, dictó leyes, fijó el precio de los productos y rigió la educación, la salud y la seguridad, además de operar como cárcel pública.
Fue remodelado a partir de 1786, por decisión del primer gobernador intendente de Córdoba, Rafael de Sobremonte y Núñez, más conocido como Marqués de Sobremonte. Hasta 1821 fue propiedad de España.
Melisa Sánchez, guía de turismo de la Municipalidad de Córdoba, precisó días atrás que el Cabildo “era la institución base española, regía la vida civil y administrativa del Virreinato del Perú en Córdoba” y que se creó “porque las leyes de la época exigían su existencia junto a la plaza Mayor”.
Según el historiador Roberto Ferrero, en sus comienzos “tuvo facultades gubernamentales, administrativas, policiales y hasta judiciales”.
“El Cabildo cordobés dejó de funcionar a fines de 1824, durante el gobierno de Juan Bautista Bustos”, recordó Cristina Vera de Flachs, presidenta de la Junta Provincial de Historia.
Ferrero agregó que, con esta medida, Bustos quiso “democratizar” el poder y darle lugar a la Legislatura y el voto popular. “El Cabildo de Córdoba, igual que el de Río Cuarto y el de La Carlota, fue suprimido por ser una institución aristocrática y monárquica, donde se vendían y compraban puestos de cabildantes”, detalló.
Sede de gobierno
A partir de la tercera década del siglo 19, el Cabildo de Córdoba fue el despacho de los gobernadores, entre ellos Bustos (el primero), Manuel López, Antonio del Viso y Miguel Juárez Celman, por citar algunos.
En 1822 pasó a manos del Gobierno provincial y, durante años, fue sede gubernamental. Después, también albergó a la Sala de Representantes.
En 1855 el Cabildo fue reconocido por la Constitución de la Provincia de Córdoba. Desde 1857 fue el ámbito de desempeño de los funcionarios municipales, que compartieron el edificio con las autoridades provinciales.
Según Vera de Flachs, los usos posteriores del Cabildo, a mediados del 1800, fueron para oficinas de justicia y correos, entre otras actividades.
A los calabozos iban a parar los detenidos políticos y comunes, en condiciones de hacinamiento y frío. “Eran secretos; sólo las autoridades sabían que existían, no el pueblo”, comentó Ferrero. Más de una vez hubo fuga de presos.
Desde comienzos del siglo 20 y hasta fines de la década de 1980, fue la base de operaciones de la Jefatura de Policía de Córdoba. Incluso en el Cordobazo (1969) y la época de la dictadura se usó como comando policial, además de espacio de detención política.
El 14 de mayo de 1941 el Cabildo cordobés fue declarado Monumento Histórico Nacional por decreto 90.732.
En 1989, ya en manos de la Municipalidad de Córdoba, el Cabildo fue transformado en espacio cultural y museo de la ciudad. Se empezaron a realizar espectáculos y muestras de arte y de objetos arqueológicos urbanos.
Desde el 10 de diciembre de 2011 es sede de la Secretaría de Cultura municipal. En la actualidad, también es centro de información turística.
Estilo colonial español
En lo estrictamente arquitectónico, el Cabildo de Córdoba posee estilo colonial español.
Su construcción arrancó en 1588, cuando se recolectaron las primeras maderas. Tenía paredes de adobe, techo de paja, puertas sin refuerzo y sala de sesiones. Por su precariedad, en 1606 se decidió hacer otro Cabildo que estuvo listo en 1610, con tres aposentos, calabozo en planta baja (compartido para mulatos, indios y criollos), dos habitaciones y sala en la planta alta. Cuatro décadas después, ya con techo con tejas musleras, se habilitó otra celda.
“Fue construido con el esfuerzo de los habitantes y los regidores de entonces, de a poco y en distintas etapas”, apuntó Sánchez.
Con el paso de los años, el viejo ayuntamiento fue modificándose según las necesidades de cada época. Por caso, en 1733 se iniciaron mejoras que continuaron por décadas. En 1784, Sobremonte y Núñez dio impulso arquitectónico al Cabildo: en la recova de la planta baja se instalaron tiendas, se cerraron arcos y se levantaron tabiques. En los años siguientes se hicieron la escalera principal, el segundo piso, una galería de 15 arcos, una capilla, copones en el techo, y los patios mayor y menor.
A mediados del siglo 19 se transformaron algunos espacios. Luego, durante el gobierno de Juárez Celman y a fines de esta centuria, se efectuaron ampliaciones edilicias. Incluso en 1881 se construyó una torre sobre la segunda planta, como tenían otros cabildos, y se colocó un reloj.
La torre fue demolida en 1912, presuntamente por motivos políticos y sociales. El segundo piso se retocó con detalles clasicistas. A fines de la década de 1880 se colocó el revestimiento en mármol sobre toda la recova.
“El reloj que tenía la torre es el mismo que hoy puede verse en el edificio de la esquina de Rivera Indarte y Deán Funes”, afirmó Sánchez.
Hoy, el Cabildo cordobés mantiene intacta su recova de 15 arcadas, sus dos patios y las tejas musleras. En el subsuelo, donde estaban las celdas para presos, se conservan muros de ladrillo, piedra bola y argamasa.
La “contrarrevolución”
Las autoridades que gobernaban desde el Cabildo de Córdoba en 1810 se anoticiaron días después de lo que había ocurrido el 25 de mayo de aquel año en Buenos Aires. Al hacerlo, tomaron una postura contraria a la de los cabildantes.
De hecho, en Córdoba surgió la “contrarrevolución”, liderada por el ex virrey Santiago de Liniers (radicado en estas latitudes) y el gobernador de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, Juan Gutiérrez de la Concha, que promovía la lealtad a la corona española.
Buenos Aires envió una misión para suprimir estas ideas. La insurgencia terminó con varios cabecillas de la contrarrevolución apresados primero y fusilados después por orden de Mariano Moreno y Juan José Castelli, miembros de la Primera Junta.