Argentina se encuentra involucrada en dos litigios internacionales que caminan a paso firme que totalizan unos 6.000 millones de dólares y que dificultarían aún más el cierre del ya complicado programa financiero del próximo gobierno. La causa más avanzada es la conocida como “caso Petersen vs. YPF”, donde el fondo buitre Burford Capital compró los derechos de la familia Eskenazi y alegó un serio perjuicio por la nacionalización de la petrolera argentina.
Luego de dos fallos negativos para el país, la Corte Suprema de los Estados Unidos postergó su decisión y consultó la opinión de la Casa Blanca antes de determinar si esta demanda continuará su curso en las cortes de Nueva York o si será trasladada a Buenos Aires, como pide el Gobierno argentino, para aumentar sus posibilidades de una sentencia favorable. Se anticipa un irremediable fallo adverso que podría llegar entre el último trimestre de este año y el primero del 2020.
Algo similar ocurriría con la ola de juicios que se espera por el diferendo del pago del cupón PBI. Esta semana, un poderoso fondo buitre llamado Aurelius Capital, presentó una demanda por 83,7 millones de dólares que podrían ampliarse a más de 3.000 millones si se suma el resto de los bonistas. El reclamo surge del cambio en la serie que mide el PBI que aplicó el ex ministro de Economía Axel Kicillof por el que redujo la estimación de crecimiento para el 2013 y se ahorró el pago de 3.000 millones para el año 2014.
Se le acaba de ordenar a la Argentina responder la demanda antes del 18 de marzo. Estos 6.000 millones de dólares se agregarían a la deuda externa local de 45.000 millones de dólares a devolver entre 2022 y 2023, en un período donde los países emergentes tendrán serias dificultades de refinanciación.
