El juicio oral que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py por la supuesta defraudación de Oil Combustibles y que tiene entre sus principales acusados al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dio un giro sorprendente en las últimas horas. Una nueva pericia realizada por contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) puso en duda los principales pilares sobre los que se sostiene el expediente.
Cabe recordar que López y De Sousa fueron acusados de no pagar 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre 2013 y 2015. En tanto, Echegaray fue acusado de haber facilitado a los empresarios el acceso a planes de pago de sus deudas con el fisco que luego no se cumplieron.
En primer lugar, tras realizar la pericia, la Corte Suprema concluyó que el monto del impuesto adeudado no llegó a los 8.000 millones de pesos, sino a 600 millones de pesos (alrededor del 10%). Además, sostuvo que, a diciembre de 2015, no existía deuda exigible porque se encontraba ya paga o refinanciada dentro del propio sistema del organismo recaudador.
En el documento de los expertos se explicó también que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. De esa manera, la pericia también puso en duda una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC (a excepción de sólo siete meses) y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo. A su vez, concluyó que los planes con los que se había financiado la firma estaban regularizados.
Por el contrario, los expertos destacaron que fue el administrador federal Alberto Abad quien, apenas asumió Cambiemos, generó la caída de los planes de pago que ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento. La situación derivó en la quiebra de Oil Combustibles.
La pericia fue pedida por los integrantes del Tribunal Federal Nº 3 de la Capital Federal, a cargo de Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos y realizada por los expertos Flavia Melzi (de la Corte), María Eleonora Feser y Natalia Zárate (del Ministerio Público Fiscal), Ezequiel Segura y Daniel Mogames (de la querella de Afip), y por los representantes de la defensa Sergio Freidzon, Alfredo Barucca y Félix Rolando.
