En abril la inflación registró una leve desaceleración con respecto al pico alcanzado en marzo (4,8%) y se ubicó en el 4,1%, según informó el INDEC promediando el mes de mayo. De esta manera, en los primeros cuatro meses del año, la suba de precios acumuló un 17,6% y en los últimos doce alcanzó 46,3%, muy lejos de la meta del 29% pautada por el Gobierno en el presupuesto para 2021.
Una vez más, Argentina tuvo la segunda inflación más alta de América Latina, ya que solo fue superada por Venezuela, que desde hace unos cuatro años padece los efectos devastadores de la hiperinflación, con más de 15 o 16 puntos porcentuales mensuales. Las cifras del costo de vida en nuestro país son superiores a la sumatoria de los incrementos experimentados por el resto de los países latinoamericanos durante el mismo lapso: Uruguay registró una inflación del 0,5% en abril y acumula el 6,2% en los últimos 12 meses; Brasil, cifras similares (0,6% y 6,2% para todo el año); y Chile un 0,4% en el cuarto mes del año, que se espera termine en el 3,2%. Una estimación similar se realizó en México (0,3% en abril, y 6% durante el último año); Colombia (0,35%, se estima que culminará 2021 con 2,8%); Ecuador (proyecta un incremento de apenas el 1,4% anual), y Perú (0,05% en abril, 2,2% para todo el año).
Los casos de Paraguay y Bolivia sobresalen en particular, por cuanto el primero logró un resultado casi neutro (0,05%, acumula 2,5% en los últimos 12 meses y prevé que se cierre el año con una inflación de 3,3%). Más sorprendente aún es la situación de Bolivia, cuyo IPC terminó en cero durante abril y suma solo 0,6% su índice anual.
Esto evidencia que, a diferencia de la Argentina, la mayoría de los países de la región ya han superado el problema de la inflación, una enfermedad de la economía que provoca gravísimas consecuencias en el tejido social, y que afectó a Latinoamérica durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX.
El caso argentino
Nuestro país viene sufriendo los efectos de la inflación desde la década de los 70, e incluso antes, con picos como los que se produjeron durante el Rodrigazo”, o el proceso hiperinflacionario que se precipitó a fines de los 80 y que marcó a fuego la presidencia de Raúl Alfonsín. El único período de relativa estabilidad económica lo experimentamos en la década de los 90, de la mano del plan de convertibilidad ideado por Domingo Cavallo, cuando era ministro de Economía de Carlos Menem. Aquel plan demostró gran efectividad para contener la escalada de precios, pero no para fomentar el empleo ni promover el desarrollo económico del país. Agotada la convertibilidad, a fines de 2001 estalló la crisis más severa de la historia contemporánea argentina, y desde entonces vivimos bajo un régimen de inflación crónica.
Para peor, la dinámica inflacionaria de estos últimos meses marca una aceleración notoria de los precios a partir de octubre de 2020, cuando el índice superó el 3% mensual y ya no volvió a perforar ese piso. Las proyecciones anticipan que la inflación podría ingresar en un sendero de leve reducción, con una pendiente en caída al menos hasta septiembre, cuando finalmente se lleven a cabo las elecciones legislativas primarias.
Tan arraigada está la inflación en nuestros hábitos, que hemos tendido a naturalizar y aceptar esta grave distorsión de la economía, llegando incluso a considerar como normal” tener más de 3 puntos porcentuales de inflación mensual, o más de 40 de inflación anual. Recuérdese que, en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el país registró una inflación del 47,6% (la más alta en 27 años), cifra que fue superada al año siguiente, cuando el IPC trepó al 53,4%. Y para 2021 la mayoría de los analistas y consultores proyectan que la inflación se ubicará entre el 45% y el 50%, es decir, prácticamente en el mismo nivel del año 2019, a pesar de la profunda recesión que atraviesa la economía argentina, agravada ahora como consecuencia de la pandemia.
Ciertamente, con una inflación tan elevada y persistente es imposible sustentar un proyecto de crecimiento económico a mediano y largo plazo, y siendo ello así, todos los esfuerzos para tratar de reducir la pobreza se tornan ilusorios.
La inflación en alimentos
Sin dudas, el costado más dramático de este flagelo social es el aumento del precio de los alimentos, que golpea con dureza a los hogares más pobres y vulnerables, y que últimamente se ubica por encima del nivel alcanzado por la inflación general. Por caso, en abril el ministerio de Economía de la Nación precisó que el rubro alimentos y bebidas” registró una suba del orden del 4,3%.
El Gobierno advierte esta problemática y pretende encontrar la explicación en la suba del precio de los commodities”, una preocupación que en estos días volvió a demostrar el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien consideró que el aumento de los precios internacionales genera presión” en los valores de los productos comestibles. En este marco debe entenderse la reciente prohibición para exportar carne vacuna durante 30 días, procurando que baje su precio en el mercado interno, donde aumentó un 95% en los últimos 12 meses, siendo nuestro país un tradicional productor y el cuarto exportador a nivel mundial.
Llamativamente, el aumento de los commodities” (carnes y cereales) no provoca el alza general del precio de los alimentos en otros países de la región, que también son productores y exportadores de materias primas, como Brasil y Uruguay, que registran cifras de inflación inferiores al 1% mensual, lo que demuestra que este fenómeno es más complejo y obedece a múltiples causas, que exceden al aumento internacional del precio de los alimentos.
Confirmando lo anterior, el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes minoristas de Córdoba informó recientemente que el precio de los 19 productos que integran la denominada canasta básica alimentaria” subió un 2.413% en los últimos 10 años. Y para mayor alarma, el estudio compara el aumento de la canasta básica de alimentos con el registrado por el salario mínimo, vital y móvil (1.074%) y la jubilación mínima (1.575%), en idéntico período (entre abril de 2011 y abril de 2021).
Las cifras son más que elocuentes y dan cuenta de la brecha que existe entre el aumento del precio de los alimentos y el aumento de los ingresos que percibe la mayor parte de la población. Y esto repercute directamente en el índice de pobreza (y también en la indigencia). De hecho, no es casualidad que en el mismo lapso la pobreza prácticamente se haya duplicado en nuestro país, pasando del 24,7% en 2011 al 42% durante el segundo semestre del año 2020.
Se sabe que la inflación (y en especial, la inflación en alimentos) castiga a todos los sectores de la sociedad, pero lo hace de manera muy desigual, afectando mucho más a aquellos sectores de menores ingresos (desocupados y trabajadores informales), o a los que cuentan con ingresos fijos en pesos (asalariados y jubilados). Décadas de elevada inflación han provocado estragos en la sociedad argentina y eso está ahora expuesto a la vista de todos.
Pero mientras los gobiernos sigan repitiendo las recetas del pasado (control y regulación de precios, cepo a las exportaciones y atraso cambiario) que han demostrado su ineficacia para resolver el problema, sin atacar sus causas estructurales (monetarias y fiscales), las expectativas inflacionarias no cederán. Y entonces, este clásico flagelo argentino que hoy es percibido como el principal problema de nuestra economía, continuará siendo esa gran fábrica que produce pobres por doquier.
Abogado y docente universitario