El mercado de Estados Unidos es clave para el biodiesel elaborado a base de soja en la Argentina: en 2016, llegaron a representar U$S 1.200 millones anuales y fueron el principal producto de exportación al país del norte.
Un año después, el Departamento de Comercio del Gobierno norteamericano determinó que estas importaciones estaban siendo subsidiadas injustamente y comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28%.
En 2018, la Argentina solicitó al Departamento de Comercio que revisara estos aranceles a la baja, pero el pedido no prosperó.
Estados Unidos tiene una alta demanda que sostiene los precios, y en los últimos años la Argentina ha logrado ingresar a ese mercado.
Ahora, el juez Gary Katzmann dictaminó que el Departamento de Comercio de su país no ha sobrepasado los límites de la Ley Arancelaria de 1930.
El magistrado concluyó que «los numerosos cambios en el régimen fiscal de exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para las mercancías que agregan valor a través de su producción, restan valor a la conclusión de que los subsidios sujetos a medidas compensatorias se encuentran en la investigación subyacente».
El tribunal también rechazó el argumento de los demandantes argentinos sobre que las conclusiones del Departamento Comercio se basaban en especulaciones.
«Aunque el Departamento de Comercio basó sus conclusiones en parte en predicciones sobre el régimen fiscal de exportación de Argentina en el futuro inmediato, estas predicciones se basaron en tendencias establecidas por pruebas sustanciales de antecedentes y circunstancias existentes», según el texto judicial.
La disputa comenzó en 2016, cuando los productores de biodiesel de los Estados Unidos reclamaron ante el Gobierno de Donald Trump que se implementaran represalias contra el biodiesel que se exportaba desde la Argentina, al considerar que ingresaba con dumping y además tenía subsidios.
Los productores norteamericanos argumentaron que las retenciones a la soja vigentes en la Argentina implicaban un diferencial que le permitía a la industria procesadora comprar a un menor precio la materia prima.
Desde 2018, Estados Unidos comenzó a aplicar derechos antidumping y compensatorios que, sumados, llevaron los aranceles para el biodiesel argentino por encima del 130%.
Luego, en 2019, una decisión preliminar preveía eliminar los derechos antidumping pero mantener los derechos compensatorios: esa resolución fue revertida y se decidió mantener ambos aranceles en el nivel original.
El Departamento de Comercio determinó que el «cambio de circunstancias» no era relevante para modificar el régimen arancelario.
En este marco, la Cámara Argentina de Biocombustibles rechazó varias veces las decisiones de los Estados Unidos, al sostener que «no existieron ni existen condiciones de dumping ni de subsidios en las exportaciones de biodiésel de soja».
