Esta semana, el Gobierno presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para mantener la suspensión de la orden judicial que obliga a transferir acciones de YPF. La presentación se realizará el martes 22 de julio y tiene como objetivo que la medida cautelar se mantenga durante toda la apelación, no solo mientras se intercambian los argumentos de las partes.
La acción legal se da en un contexto más favorable para Argentina, tras el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se presentó como amicus curiae en el litigio. En un documento de doce páginas, Washington cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska por considerar que vulnera el principio de inmunidad soberana, ya que ordena ejecutar bienes estatales fuera del territorio norteamericano.
En su escrito, el gobierno estadounidense señaló que la ley FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) no autoriza la ejecución sobre bienes de un Estado extranjero ubicados fuera de EE.UU., y que aceptar esta interpretación violaría principios del derecho internacional consuetudinario.
Cambio de postura de los demandantes
En paralelo, los beneficiarios del fallo que condena a la Argentina a pagar US$16.100 millones informaron a la Corte que no desean quedarse con las acciones de YPF como forma de cobro, aunque exigen que el país deposite una garantía financiera para continuar con la apelación.
El especialista Sebastián Maril indicó que este giro en la estrategia de los demandantes modifica el escenario procesal, ya que inicialmente pretendían recibir las acciones como forma de ejecución del fallo. Ahora buscan un mecanismo para devolverlas, al considerar que no tienen intención de administrar la petrolera.
Sin embargo, rechazan que Argentina continúe con la apelación sin ofrecer una garantía, ya que eso podría dificultar el cobro en caso de que el país pierda.
Riesgos de desacato
Si la Corte de Apelaciones rechaza el pedido argentino, la suspensión actual se levantará y volverá a estar vigente la orden de Preska. En ese caso, Argentina deberá cumplirla o podría ser declarada en desacato, una figura que, aunque no contempla sanciones automáticas para un Estado, podría dañar la confianza en los mercados financieros y dificultar el acceso al crédito internacional.
El desenlace dependerá de la decisión que adopte el tribunal de apelaciones en los próximos días, mientras el gobierno argentino intenta ganar tiempo para evitar el traspaso de acciones y continuar el litigio en mejores condiciones.
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