Las principales cámaras del sistema financiero rechazaron la posibilidad de que billeteras virtuales paguen salarios y jubilaciones, una medida incluida en la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según las entidades, el esquema actual de acreditaciones en bancos con autorización y supervisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una de las políticas de Estado más estables de las últimas décadas.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados Argentinos (Abapra) afirmaron que el sistema financiero “demostró su fortaleza incluso en contextos de crisis”. También destacaron que los servicios para el cobro de haberes “son gratuitos y de alto estándar operativo”.
Las entidades señalaron que, según las mejores prácticas internacionales, los pagos de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales deben realizarse dentro del sistema bancario formal. Aseguraron que no existen beneficios claros en trasladar esas operaciones a plataformas no bancarias, pero sí “costos y riesgos” ligados a la seguridad financiera de los usuarios.
Advirtieron además que, en caso de que una billetera presente problemas económicos o de gestión, los trabajadores y jubilados podrían quedar expuestos a demoras, bloqueos o pérdida total de sus haberes. Por ello, reclamaron mantener las garantías actuales.
Asignaciones familiares: la reforma también abriría cambios
En paralelo, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) planteó que la reforma laboral debería incluir una revisión del sistema de asignaciones familiares, ya que hoy “distorsiona la relación entre trabajadores formales e informales” y actúa como incentivo para mantener empleos no registrados.
Según el estudio, un trabajador con un hijo menor de 3 años recibe $60.000 si está registrado, mientras que en la informalidad puede sumar $217.000 entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta alimentar y el complemento alimentario. Esta brecha implica que “para pasar a la formalidad, un trabajador demanda un aumento salarial que compense una diferencia casi cuatro veces mayor”, remarcaron.
Idesa sostuvo que, para avanzar en un proceso real de formalización laboral, es necesario un enfoque integral que incluya una mejor calibración de los beneficios sociales, incluso si implica un mayor costo fiscal. También consideró relevante flexibilizar requisitos previsionales para evitar que trabajadores de bajos ingresos se mantengan fuera del sistema formal.
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