Pese a la presión pública del ministro de Economía, Luis Caputo, las entidades financieras aclararon que todavía no están en condiciones de recibir dólares atesorados fuera del sistema, debido a que la normativa que habilitaría esa operatoria aún no fue reglamentada.
Desde el sector financiero explicaron que, si bien el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, la falta de promulgación y de reglamentación por parte de los organismos competentes impide modificar los procedimientos actuales. La información fue confirmada por fuentes bancarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.
En los últimos días, Caputo había instado a los bancos a avanzar con la recepción de esos fondos y sostuvo que no debían exigir más requisitos que la constancia de adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Incluso aseguró que el Banco de la Nación Argentina recibiría los depósitos.
Sin embargo, este martes la entidad aclaró que la reglamentación aún no está vigente, por lo que la operatoria deberá esperar. Desde el Banco Nación señalaron que, por el momento, se están asesorando a los clientes que se acercan a consultar.
“A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo del Banco Nación”, indicó la entidad en un comunicado oficial, aunque aclaró que la recepción efectiva dependerá del marco normativo.
El límite legal para los bancos
Tributaristas y especialistas en cumplimiento normativo advirtieron que, mientras no se modifiquen las regulaciones vigentes, las entidades financieras continúan obligadas a reportar operaciones inusuales de acuerdo con la Ley 25.246 y las disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En la práctica, si una persona intentara depositar, por ejemplo, US$100.000 sin documentación respaldatoria, el banco debería evaluar la operación y, de corresponder, emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). En casos extremos, la entidad incluso podría cerrar la cuenta si el origen de los fondos no resulta satisfactorio.
Desde el sector bancario remarcan que será necesaria una norma específica del Banco Central de la República Argentina para modificar esos procedimientos.
Zona gris regulatoria
Para César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados (LL&A), la situación actual genera una zona gris. Según explicó, la Unidad de Información Financiera mantiene plenamente sus facultades, por lo que los bancos deben cumplir con las normas antilavado, independientemente del nuevo régimen fiscal.
Litvin recordó que, si bien la ley establece ciertos parámetros —ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y no pertenecer al padrón de grandes contribuyentes—, el Poder Ejecutivo puede fijar requisitos adicionales mediante la reglamentación.
Advertencia del Gobierno
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, redobló la presión sobre el sistema financiero y aseguró que el Banco Nación instruirá a sus empleados a cumplir estrictamente con la ley. “Empleado que pide documentación por fuera de la norma va a ser despedido”, afirmó en conferencia de prensa desde Casa Rosada.
No obstante, desde el propio Gobierno reconocen que el andamiaje operativo aún no está completo. La Ley de Inocencia Fiscal debe ser promulgada y luego reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera, un proceso que todavía no concluyó.
Qué establece la Ley de Inocencia Fiscal
La norma crea un régimen para contribuyentes con ingresos anuales menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. En ese esquema, ARCA no controlará consumos ni bienes, sino ingresos declarados y deducciones, y el pago del impuesto liberará de reclamos adicionales por Ganancias.
Además, la ley actualiza los montos de los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada, y habilita mecanismos para extinguir la acción penal bajo determinadas condiciones.
Críticas desde la oposición
La iniciativa también generó cuestionamientos. El diputado nacional Jorge Taiana, del bloque Unión por la Patria, calificó la norma como “una tomadura de pelo” y sostuvo que “transforma a la Argentina en un paraíso del lavado de dinero”. Según el legislador, la ley va en contra de los compromisos asumidos por el país en materia de control financiero internacional.
Mientras tanto, y a la espera de definiciones regulatorias, los bancos mantienen cautela y aseguran que no modificarán sus procedimientos hasta contar con un marco legal claro. La presión política, por ahora, no alcanza para destrabar una operatoria que sigue condicionada por normas antilavado vigentes.
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