El Gobierno nacional decidió retirar por completo de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, luego de la polémica que generó un artículo que proponía aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre los resultados de la compraventa de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears). La marcha atrás se produjo apenas tres días después de que el presidente Javier Milei firmara la iniciativa y la enviara al Congreso.
El apartado cuestionado establecía una alícuota del 15% sobre las ganancias obtenidas por la venta de estos instrumentos, que permiten invertir desde el mercado local en acciones y otros activos del exterior. La modificación buscaba equiparar su tratamiento tributario con el de la adquisición directa de los activos extranjeros que representan.
La propuesta alcanzaba a los Cedears adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive, y no afectaba las tenencias anteriores. Sin embargo, el cambio generó fuertes cuestionamientos en el mercado financiero y en las redes sociales, donde se advirtió sobre el impacto que podía tener en los ahorristas que utilizan estos instrumentos para diversificar sus inversiones.
El artículo que desató la controversia
La iniciativa proponía modificar el régimen de exenciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias para que el tratamiento tributario dependiera del activo subyacente y no del instrumento utilizado para invertir.
De esa manera, una persona que comprara un Cedear en el mercado argentino habría recibido el mismo tratamiento impositivo que quien adquiriera directamente la acción extranjera que representa. La eventual aplicación del gravamen estaba sujeta a la aprobación del proyecto en el Congreso.
El cambio generó cuestionamientos por la contradicción con el discurso del oficialismo, que había reiterado su compromiso de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
Frente a las críticas, funcionarios y asesores del Gobierno buscaron tomar distancia de la disposición. Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), aseguró que el apartado provenía de una versión anterior del texto.
«Quedó de un borrador viejo. ¡Se va a retirar!», escribió Núñez en su cuenta de X. En paralelo, desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, señalaron que los aspectos tributarios correspondían al área de Economía.
Un proyecto firmado por Milei
La secuencia también dejó expuestas diferencias y descoordinaciones dentro del Gobierno. El proyecto había sido firmado digitalmente por Milei el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada, junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva.
La iniciativa ingresó a la Cámara baja esa misma noche, aunque su recepción formal quedó registrada el lunes 2 de noviembre. Cuando su contenido se conoció públicamente, el martes 3, el apartado tributario provocó una rápida reacción del sector financiero y obligó al oficialismo a revisar su posición.
En un primer momento, desde el Gobierno habían anticipado que retirarían únicamente el artículo referido a los Cedears. Sin embargo, finalmente el Poder Ejecutivo solicitó dar de baja el proyecto completo. El pedido quedó formalizado el martes 3 a las 22.50.
Según fuentes consultadas, una de las preocupaciones del oficialismo era que la oposición aprovechara la continuidad del expediente para impulsar iniciativas propias vinculadas con nuevos gravámenes a las operaciones financieras. Por ese motivo, se optó por retirar todo el paquete en lugar de modificar solamente el apartado cuestionado.
Una reforma de 240 artículos en suspenso
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera contenía 240 artículos y modificaciones a más de 20 normas. La iniciativa, impulsada por Sturzenegger, buscaba introducir cambios en el funcionamiento del mercado de capitales, ampliar las alternativas de financiamiento y flexibilizar el sistema de garantías.
Entre sus principales propuestas figuraba el reconocimiento legal de la emisión, registración y negociación de valores negociables mediante tecnología blockchain. El esquema abría la posibilidad de avanzar con la tokenización de activos financieros bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También contemplaba modificaciones al Código Civil y Comercial, la Ley de Mercado de Capitales, el régimen de Prenda con Registro y las normas sobre cheques, tarjetas de crédito, warrants y financiamiento productivo.
Otro de los ejes apuntaba a ampliar los bienes que podían utilizarse como garantía para obtener créditos, con la incorporación de activos virtuales, derechos de propiedad intelectual y créditos futuros, entre otros.
Con el retiro de la iniciativa, todo el paquete quedó fuera del tratamiento legislativo. Por el momento, el oficialismo no confirmó cuándo volverá a presentar una propuesta ni qué modificaciones introducirá en el texto original.
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