El Gobierno nacional declaró hoy por dos años la emergencia ferroviaria que alcanza a la administración, mantenimiento y operación de los servicios para lo cual se asignó una partida de $1,3 billones.
La decisión se oficializó hoy a través de la publicación del Decreto 525/2024 firmado por el presidente Javier Milei. El sistema ferroviario quedó dentro del paquete privatizaciones que votó el Congreso Nacional.
«Esta herramienta permitirá que el Gobierno Nacional avance en acciones necesarias para poder mejorar las condiciones de seguridad operativa en los servicios ferroviarios a través de la renovación de la infraestructura», señaló un comunicado de la Secretaría de Transporte.
El decreto establece la asignación de $1.293.780.000.000 para las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa.
Además se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa.
La declaración abarca los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional y comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
«Este decreto insta a priorizar la seguridad operativa de sistema ferroviario y exige a las empresas del sector a implementar una priorización de las necesidades más urgentes en materia de infraestructura, como así también en cuanto a las contrataciones necesarias para revertir la situación de emergencia vigente», indicaron desde Transporte.
El parte oficial subrayó que «la medida tiene por objetivo orientar el destino de los fondos públicos asignados a maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad».
«Para la lograr dichos objetivos y, aun ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario», añadió la Secretaría.
El decreto designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte, la cual deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar.
Para ello, las empresas ferroviarias que dependen de la Secretaría de Transporte deberán, en sus propuestas, efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad.
A su vez se indicó que, en caso de ser necesario, se deberán realizar «las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales».
