El Gobierno presiona a los sindicatos para que las paritarias no superen el 1% mensual, con el objetivo de evitar un rebote de la inflación. La nueva política de neto corte intervencionista se produce en medio de las negociaciones con la Federación Nacional de Camioneros, conducida por Hugo Moyano, que amenaza con activar un paro en caso de que no se destrabe la paritaria abierta con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas.
La Casa Rosada busca evitar que los aumentos salariales impacten en los precios, pero puso en alerta al Sindicato de Camioneros, que se enfureció al conocer que rechazó una propuesta de aumento del 8,5% que superaba el tope establecido por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según trascendió en distintos medios, la orden que bajó Caputo al secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue no homologar acuerdos por encima del 1% mensual en 2025. En la primera reunión formal con las cámaras empresaria, Moyano pidió un bono de fin de año de $ 650.000 y una suba salarial del 5% mensual, por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía. Tanto los empresarios como el Gobierno dijeron que el aumento era inviable porque atentaba contra la política antiinflacionaria.
Sin embargo, después de dos semanas de intensas gestiones, el camionero y los empresarios se habían puesto de acuerdo el martes en los números: un 8,5% por el período diciembre-febrero a pagarse en tres cuotas más el bono de $600.000 (en cuatro cuotas). Pero desde la Secretaría de Trabajo volvieron a bajar el pulgar: “Así no va a ser homologado”, informaron a las partes.
Ante esta situación, el Gobierno suspendió además una mesa de diálogo tripartita ante la presión de la CGT para negociar salarios en libertad, sin límites. Se esperaba debatir una nueva reforma laboral en este espacio, pero la negativa sindical generó un impasse en las negociaciones. La estrategia del Ejecutivo apunta a cerrar paritarias por actividad en un rango porcentual mínimo, para luego permitir acuerdos particulares entre gremios y empresas con mayor capacidad económica.
En este contexto, las tratativas salariales se han empantanado en diversos sectores, como en la Federación de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) y en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde la intransigencia oficial dificulta alcanzar acuerdos. Pero además, establece un horizonte para 2025 donde será difícil que los salarios recuperen el poder de compra perdido durante el primer año de la gestión de Javier Milei, que en algunos casos llega al 40%.
La desocupación comienza a reducirse
El desempleo marcó un 6,9% en el tercer trimestre del año, lo que implicó un aumento frente al mismo período del año pasado. Sin embargo, el dato dejó claro que el rebote que se ve en la economía en los últimos meses también llegó al mercado de trabajo.
La desocupación, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), subió de 5,4% frente al trimestre de 2023, pero marcó un descenso respecto al 7,6% del segundo trimestre de este año.
El empleo mejoró en este último período, pero muy levemente: pasó de 44,8% a 45%. La tasa de actividad, en tanto, cambió de 48,5% a 48,3% en la relación intertrimestral, según precisó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.
De acuerdo con la cantidad de población proyectada a todo el país, el número de personas desempleadas fue de 1.569.701. Se trata de unas 166.405 menos que tres meses atrás. Entretanto, frente al año pasado hay 376.890 más. Asimismo, el Gobierno de Javier Milei eliminó 34.829 puestos de trabajo en el sector público. Esos despidos representaron una reducción del 7% de trabajadores estatales.
