El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026 y autorizó un aumento de aproximadamente $15,6 billones en los gastos previstos para lo que resta del año. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1391/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todos los integrantes del Gabinete, y tendrá como consecuencia una reducción de $7,5 billones en el superávit estimado para el cierre del ejercicio.
De acuerdo con el análisis de las planillas anexas de la normativa, que comprende 564 folios, la ampliación representa un incremento del 10,2% respecto de los créditos presupuestarios vigentes, que inicialmente rondaban los $152,47 billones.
La decisión responde, principalmente, a la necesidad de actualizar partidas que quedaron desfasadas frente a una inflación superior a la contemplada cuando se elaboró el presupuesto. Mientras las proyecciones oficiales iniciales estimaban una suba de precios cercana al 18% anual, las previsiones actuales ubican la inflación de 2026 alrededor del 33%.
En ese contexto, el Ejecutivo argumentó que los nuevos recursos permitirán garantizar la continuidad de prestaciones esenciales y cumplir con obligaciones del Estado, especialmente en materia social, sanitaria, de seguridad y financiera.
Menos superávit por el aumento del gasto
Uno de los principales efectos de la modificación se refleja en las cuentas fiscales. Mientras que los gastos reciben una ampliación de $15,6 billones, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones.
La diferencia, cercana a los $7,5 billones, impacta directamente sobre el resultado fiscal esperado para diciembre. De esta manera, el superávit originalmente proyectado en torno a los $26,4 billones pasaría a ubicarse cerca de los $18,9 billones.
Según los cálculos citados en el relevamiento, al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones. Esto anticipa que una parte importante de las erogaciones adicionales se concentrará durante las últimas semanas del año.
Pese a la reducción, el Gobierno mantiene una previsión de cierre con superávit fiscal.
PAMI y la deuda concentran los mayores incrementos
Entre los principales destinos de los fondos adicionales se destaca el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que recibirá un refuerzo presupuestario cercano a los $10 billones.
Se trata de la partida con mayor incremento dentro de la ampliación y está destinada a fortalecer los recursos del organismo encargado de las prestaciones y la atención de jubilados y pensionados.
El segundo aumento más importante corresponde al Servicio de la Deuda Pública. En particular, el Gobierno incorporó alrededor de $3,9 billones adicionales para afrontar el pago de intereses y comisiones, una cifra que refleja el peso de los compromisos financieros sobre las cuentas nacionales.
También habrá fondos adicionales para salud y seguridad
La modificación presupuestaria contempla, además, importantes refuerzos para otras áreas de la administración pública.
El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría recibirá aproximadamente $800.000 millones adicionales para sostener su funcionamiento.
Por su parte, la Gendarmería Nacional contará con unos $200.000 millones extra destinados al programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, vinculado con las políticas de seguridad federal.
Estos incrementos forman parte de la reasignación de recursos que el Ejecutivo considera necesaria para atender obligaciones y garantizar el funcionamiento de distintas dependencias estatales.
Servicios Económicos, entre los principales afectados por los recortes
Para compensar parcialmente las ampliaciones, el decreto también establece reducciones en otras áreas del presupuesto.
El principal ajuste se concentra en la finalidad Servicios Económicos, que registra una disminución de créditos por aproximadamente $2,3 billones.
La reasignación evidencia un cambio en las prioridades de gasto para el tramo final del año, con mayores recursos destinados a prestaciones sociales, salud, seguridad y compromisos financieros.
En términos generales, el incremento de las partidas no representa necesariamente una expansión equivalente del gasto en términos reales, ya que una parte importante responde a la actualización de montos frente a una inflación superior a la prevista inicialmente. Además, la autorización presupuestaria no implica que la totalidad de los fondos adicionales deba ejecutarse.
De esta manera, el Gobierno busca adecuar las cuentas públicas a las necesidades del último tramo de 2026, aunque para hacerlo deberá resignar parte del superávit que había proyectado alcanzar al finalizar el año.
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