La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, inició investigaciones por «presuntas prácticas anticompetitivas» de empresas de consumo masivo que elevaron precios de productos «por encima de la inflación general» y abusaron así de su posición dominante en el mercado.
La resolución 68/2022 publicada en el Boletín Oficial ordena a Defensa de la Competencia investigar a “aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado”.
El órgano, dependiente de la Secretaria de Comercio, deberá remitir un informe de los avances de esta investigación en un plazo máximo de 30 días.
La investigación ordenada por el área de Matías Tombolini responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, a cargo de Hernán López Toledo, que indicó que hay empresas de consumo masivo que, “en el transcurso del presente año, han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.
En ese expediente se señala además que las empresas que han aumentado los precios “podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados” y que “la fijación de precios de manera abusiva” podría configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción.
Si bien la resolución no especifica cuáles son estas empresas, se indica que se trata de “mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos” de “producción mayormente nacional”.
En ese sentido, según un relevamiento realizado por Analogías y que tomó a 1.280 productos de las principales 30 firmas de consumo masivo, las empresas Coca-Cola, Ledesma, Sancor, Papelera San Andrés de Giles (Felpita, Sweety, Floripel) y Queruclor (Querubín, Trap, Aktiol, Polyana) son las que más aumentaron por encima de la inflación en lo que va del año.
Entre dichos productos, el agua mineral Kin de Coca-Cola aumentó un 208,9% en los primeros nueve meses del año, mientras que los energizantes y gaseosas de la empresa sumaron 127,3% y 88,8%, respectivamente, frente a una inflación que, en dicho periodo, fue del 67,2%.
En tanto, el azúcar Ledesma, de acuerdo con el relevamiento, aumentó 96,2%; y en el caso de Sancor, la leche subió 169,5%, su línea infantil, 93,5% y los quesos, 74,1%.
En el caso de Queruclor, los detergentes, jabones para la ropa, manos y cuerpo subieron 101,5%, 93,2% y 79,3%, respectivamente, según se desprende del informe.
No obstante, desde Ledesma negaron este tipo de subas, aseguraron que la firma estuvo “casi dos años con aumentos por debajo de la inflación” y remarcaron que la compañía participó del acuerdo de Precios Cuidados.
Asimismo, la empresa negó contar con una posición dominante y un rol en la formación de precios, pues afirmó que “sólo posee un 17% de participación en la producción de azúcar en la Argentina”.
A partir de estos datos, ministros del Gobierno bonaerense pidieron en sus cuentas de Twitter “parar con los aumentos injustificados” de precios” y solicitaron a los consumidores “no comprar” estas marcas con el hashtag #SiAumentanNoCompres.
El informe de Analogías señala que estos aumentos que exceden a la inflación se vinculan con un «marcado desplazamiento de las retribuciones» en el valor agregado del sector privado en donde aumentaron los márgenes empresariales en desmedro del salario.
Con el objetivo de frenar los aumentos en los productos de consumo masivo, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que planea avanzar en un programa de estabilización de precios durante el verano, que se extenderá entre diciembre y marzo.
El objetivo de este programa es «que permita que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad», en cuanto a los precios de productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo, señaló Massa.
De la mano del programa, el Gobierno tiene la intención, según el Ministro, de hacer más efectivos tanto el control del cumplimiento de las normas como la aplicación de multas a las empresas en infracción.
