El fondo británico Burford Capital inició un nuevo reclamo contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral dependiente del Grupo Banco Mundial, por la expropiación del 51% de YPF en 2012. La apertura del proceso fue confirmada por fuentes oficiales.
La presentación se produjo después del fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones, monto que con intereses podía ascender a unos US$ 18.000 millones.
El proceso ante el Ciadi constituye una instancia diferente del litigio desarrollado en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, durante los próximos 90 días se avanzará en la constitución del tribunal arbitral y luego las partes acordarán el calendario procesal. A diferencia del expediente judicial estadounidense, el arbitraje se desarrolla bajo reglas de confidencialidad.
Un nuevo capítulo de la disputa
La controversia se originó tras la decisión del Estado argentino de expropiar el 51% de YPF, hasta entonces controlado por la española Repsol. Burford Capital y Eton Park adquirieron posteriormente derechos de litigio vinculados con los reclamos de accionistas y llevaron el caso ante la Justicia estadounidense.
En marzo, la Cámara de Apelaciones neoyorquina falló a favor de la posición argentina y sostuvo que los reclamos contractuales contra el Estado no eran admisibles bajo el derecho argentino. También confirmó el rechazo de las demandas contra YPF.
Burford había anticipado que, tras ese fallo, evaluaría recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos y utilizar la vía del Ciadi. La nueva presentación se inscribe en esa estrategia.
Por su parte, la Procuración del Tesoro ya trabaja en la defensa argentina. “La República defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial”, señaló el organismo.
El nuevo arbitraje abre así una etapa distinta en una disputa que lleva más de una década y que vuelve a poner bajo análisis internacional las consecuencias jurídicas y económicas de la expropiación de YPF.
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