Luego de más de ocho años de juicio por la expropiación que hizo el kirchnerismo de YPF, y en medio de posibles embargos que habilitó ayer la justicia de EE.UU., el Estado argentino se enfrenta a posibles costos derivados de esta causa por los que terminará pagando un total de casi tres veces lo que hoy vale la petrolera de bandera. Hoy, solo de intereses, ese juicio genera un costo de más de US$ 2.000.000 por día.
La jueza Loretta Preska, quien está a cargo de una corte del Distrito Sur de Manhattan, falló en septiembre pasado en contra del país. Dictaminó que Argentina es culpable de mala praxis expropiatoria y la condenó a pagar la máxima pena calculada para el caso: US$ 16.000 millones.
Esa cifra multimillonaria, imposible de pagar para un país en crisis extrema y sin dólares, es solo una parte del costo total del entuerto expropiatorio, más allá de la eventual conveniencia estratégica de que el Estado haya recuperado el control de la empresa y, por consiguiente, de buena parte del negocio de Vaca Muerta. Esta demanda, cimentada en una serie de errores técnicos y estratégicos que se cometieron desde 2012, podría generar un perjuicio total para el Estado que trepa a más de US$ 26.000 millones.
Cabe recordar que el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba de interés público la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol desde la privatización de la petrolera en 1999. Con pompa, Krichner habló de recuperar la soberanía energética y de frenar la caída de la producción. Días después, el Congreso aprobó la propuesta que había salido del Ministerio de Economía, más precisamente del despacho de Axel Kicillof, quien era viceministro y se convirtió luego en vocero y una de las caras centrales de la expropiación.
El Estado le pagó a Repsol unos US$ 5.000 millones y dejó de lado a otros accionistas minoritarios. Ese es el huevo de la serpiente del juicio: accionistas que aseguran haber sido perjudicados.
Según informó el periodista Sebastián Catalano, a los US$ 5.000 millones que el Estado le pagó a la española con bonos soberanos –tres títulos que fueron venciendo o se reestructuraron en los siguientes años– se le deben sumar unos 4.500 millones de intereses, según estimaciones privadas. No sólo Repsol no le terminó pagando a la Argentina –como sugirió en principio que iba a pasar Kicillof, y remarcó en X día atrás el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay– sino que lo que se le desembolsó al entonces accionista mayoritario de YPF terminó duplicándose.
A los US$ 9.500 mencionados se les debe sumar una década de gastos de abogados. La estrategia legal del caso la diseña la procuración del Tesoro de cada administración. Diez años de costos legales, a un promedio de entre 25 y 30 millones de dólares por año, según fuentes del mundo legal, suman otros US$ 300 millones a la cuenta.
Y luego están los costos del presente juicio: la sentencia de US$ 16.000 millones más los intereses. Se trata de una tasa anual de 5,41% que corre desde septiembre del año pasado, cuando falló Preska. Hasta el momento se acumularon unos US$ 360.000.000 y en el primer año desde la sentencia se sumarán un total de US$ 860.000.000.
Lo que ya se pagó más lo que está en curso hasta el momento arroja la friolera de US$ 26.600 millones. Es el triple de lo que vale hoy la compañía, unos US$ 9.200 millones.
