El presidente Javier Milei dispuso ayer la primera modificación del año en el Presupuesto nacional, redistribuyendo partidas para reforzar los recursos destinados a educación, seguridad y salud, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” declarada hasta diciembre de 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.
Concretamente, la norma redistribuye partidas, reduce subsidios energéticos y habilita nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. También establece un nuevo esquema de pago para deudas del sector eléctrico y permite saldar obligaciones con bienes estatales. Acaso en la medida más polémica, asigna millonarios fondos para “uso reservado” para la Secretaría de Inteligencia.
Entre los principales puntos del decreto se destaca un incremento de partidas para el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de “fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas”. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la “auditoría de pensiones por invalidez”. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, aunque establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas (ver…).
También habilita al Ejecutivo Nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo, además que habilita a saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Por otro lado, se aprueban aportes internacionales como los pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$ 2.500.000 en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 436.900.000 en siete cuotas. Para la educación, se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para “garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios”. Al respecto, el Ejecutivo aseguró que «ello responde a que este Gobierno Nacional valora la educación y entiende que es necesario destinarle los recursos suficientes para que puedan cumplirse sus fines esenciales». Además, establece un cupo fiscal de $ 195.000 millones para beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
$ 7.366 millones para la inteligencia
El presidente Javier Milei amplió ayer el presupuesto destinado a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en $ 7.366 millones, de los cuales $1.625 millones van dirigidos a “gastos reservados” del organismo que depende directamente del jefe de Estado. La medida se tomó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025 que dispuso diversas reasignaciones presupuestarias.
El incremento de los recursos para el órgano estatal se da bajo el programa «Información e Inteligencia» por un total de $7.366.286.591 con el fin de “mejorar los servicios de defensa y seguridad” que están bajo su órbita. Los nuevos fondos asignados son tanto para gastos corrientes como para los denominados de capital, los primeros demandan la mayor parte con una erogación de $6.344 millones mientras que a los segundos requieren de $1.022 millones. Pero además están los gastos reservados, que se llevarán $1.625 millones para actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público “por razones de seguridad nacional”.
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