La promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de introducir una solución “flexible” frente al fuerte aumento de las multas automáticas incluido en el proyecto de Inocencia Fiscal fue bien recibida por tributaristas y contadores, aunque con reservas sobre su alcance real. El principal cuestionamiento apunta a que el alivio anunciado se instrumentaría por reglamentación y no mediante una modificación expresa de la ley.
El proyecto, que será tratado en el Senado junto con el Presupuesto 2026, prevé una actualización significativa de las sanciones por incumplimientos formales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). De aprobarse, la multa por no presentar una declaración jurada pasará de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas, lo que implica un incremento del 100.000%.
La solución anunciada por Economía
Ante los reclamos públicos, Caputo explicó que habló con el equipo de Arca para avanzar en una reglamentación que modifique la aplicación automática de las sanciones. Según detalló, una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada, el organismo enviará un recordatorio por un período de entre 10 y 15 días hábiles, antes de intimar formalmente y aplicar la multa.
Además, el ministro señaló que Arce evaluará la cantidad de días de demora para aplicar sanciones menores en los casos de incumplimientos ocasionales, con el objetivo de distinguir errores aislados de conductas reiteradas. “Es una alternativa que permitirá cumplir sin ahogar al sector privado”, sostuvo.
Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automáticas de ARCA que están incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sanción en diputados.
Atento a sus inquietudes, hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución… https://t.co/171hObciCx
— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025
Las dudas del sector profesional
Si bien los contadores valoraron el gesto político, advirtieron que la solución propuesta no ofrece garantías a largo plazo. El principal temor es que, ante un eventual cambio de criterio o de gobierno, la flexibilidad desaparezca y se apliquen las multas en los términos estrictos de la ley.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, explicó que Arca tiene facultades para fijar lineamientos internos sobre cómo aplicar las sanciones, pero remarcó que esos criterios pueden cambiar. “Lo que debería hacerse es modificar la legislación, no dejar la solución sujeta a una instrucción general”, advirtió.
En la misma línea, el contador Jorge Diomedi señaló que la reglamentación no asegura previsibilidad para los contribuyentes y que nada impide que, en pocos meses, se aplique el esquema sancionatorio tal como está previsto en la ley.
Para Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, la intención del ministro es positiva, pero el impacto real solo podrá evaluarse cuando se conozca el texto definitivo y su implementación. “El problema central no era solo el monto, sino la rigidez y automaticidad del régimen, que no distinguía entre incumplimientos ocasionales y reiterados”, afirmó.
El trasfondo político y legislativo
La controversia se profundizó durante el tratamiento del proyecto en Diputados, donde la oposición planteó la necesidad de diferenciar sanciones según el tipo de contribuyente. Esa modificación no prosperó y, en el Senado, legisladores de la Unión Cívica Radical volvieron a insistir con el cambio.
Desde el oficialismo argumentaron que introducir esa corrección implicaría devolver el proyecto a la Cámara Baja. Por ese motivo, la estrategia del Ministerio de Economía sería resolver el problema vía reglamentación, a través de una resolución general de Arca, organismo que actualmente conduce Andrés Vázquez.
En ese marco, la senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, defendió la postura del Gobierno y afirmó que la prioridad es “acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen trabajo”, minimizando el impacto de las sanciones.
Mientras tanto, el debate sigue abierto: para los tributaristas, la solución anunciada atenúa el impacto inmediato, pero no elimina el riesgo de un esquema sancionatorio elevado que, sin cambios legales, podría volver a aplicarse de manera estricta en el futuro.
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