SanCor Cooperativas Unidas Limitada solicitó ante la Justicia la declaración de quiebra, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde 2025 y tras acumular una deuda que ronda los US$120 millones, según surge de las verificaciones judiciales del pasivo.
La presentación fue confirmada por el Gobierno de Santa Fe y distintos medios que siguen la causa, en un contexto en el que la histórica cooperativa láctea no logró revertir su situación financiera ni avanzar en una reestructuración sostenible de sus compromisos.
De acuerdo con la información del expediente judicial, el pasivo de la empresa incluye obligaciones con acreedores financieros, comerciales, fiscales y laborales, con un peso significativo de deudas acumuladas en los últimos años. En total, el proceso concursal ya había registrado más de 2.000 acreedores y un nivel de endeudamiento que se mantiene en torno a los US$120 millones.
Uno de los puntos más críticos del escenario actual es la situación laboral: la compañía arrastra ocho meses de salarios impagos, lo que profundizó el conflicto con los trabajadores y derivó en una fuerte paralización operativa en distintas plantas productivas del país.
El pedido de quiebra se produjo luego de un año de concurso preventivo, instancia en la que la firma intentó ordenar su pasivo y negociar con acreedores, sin lograr avances que permitieran garantizar su continuidad. Según trascendió, los informes de la sindicatura y de la coadministración judicial coincidieron en describir un estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial.
En ese marco, la situación de la cooperativa se volvió cada vez más compleja, con caída de producción, pérdida de participación en el mercado lácteo y dificultades para sostener la cadena de pagos. A esto se sumaron conflictos laborales, reducción de actividad en plantas y un deterioro progresivo de su estructura operativa.
SanCor es una de las empresas más tradicionales del sector lácteo argentino, con presencia histórica en la producción de leche, quesos y derivados. Sin embargo, en los últimos años atravesó un proceso de crisis sostenida que incluyó ventas de activos, reducción de personal y acuerdos parciales con distintos actores del sector.
El pedido de quiebra ahora deberá ser analizado por el juzgado interviniente, que definirá si hace lugar a la solicitud y bajo qué modalidad se avanza: liquidación de activos o eventuales alternativas de continuidad si surgieran interesados en sostener parte de la operación.
Mientras tanto, el futuro de la cooperativa queda en manos de la Justicia, en un proceso que será clave para definir el destino de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.
Caputo se reúne con el Banco Mundial, BID y CAF en busca de respaldo financiero
