La Universidad Católica Argentina (UCA), a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), estimó que la pobreza alcanzó 36,3% en el tercer trimestre del año, una cifra que, si bien muestra una caída respecto de 2023, se ubica por encima de la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La diferencia reabrió el debate sobre la metodología utilizada para calcular el valor de la canasta básica y, en consecuencia, el umbral que determina la condición de pobreza.
Desde el ODSA señalaron que los datos oficiales “sobreestimaron la reducción” registrada durante 2023 y advirtieron que parte del descenso reportado por el Indec responde a un cálculo “excesivamente optimista” del costo de vida. El informe se difundió en un contexto de discusión técnica sobre las fuentes utilizadas para medir ingresos y precios.
Advertencia desde el Conicet
El diagnóstico de la UCA fue acompañado por las observaciones de Martín Maldonado, investigador del Conicet especializado en medición social, quien aseguró que la pobreza multidimensional en Argentina se ubica en 67%, muy por encima del 31,6% oficial. Según Maldonado, los indicadores del Indec “no captan la totalidad de privaciones” y reducen el fenómeno a un análisis de ingresos, dejando afuera dimensiones clave como vivienda, educación, acceso a servicios y calidad del empleo.
El especialista sostuvo que el uso de enfoques complementarios permitiría tener “una fotografía más consistente” de la vulnerabilidad actual, especialmente en hogares que superan levemente la línea de pobreza por ingresos pero atraviesan carencias severas en otros aspectos.
Impacto en hogares con niños y cronicidad
El 48,8% de la población en hogares con niños se encuentra en situación de pobreza, frente a 10,8% en hogares sin niños. La población crónicamente pobre —que permaneció en esta condición entre 2024 y 2025— representa el 27,6% del total, alcanzando al 60,9% en los estratos socioeconómicos más bajos.
El informe también destaca que transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo son determinantes para reducir la indigencia y la pobreza, aunque resultan insuficientes para revertir la desigualdad estructural.
Un debate metodológico con impacto político
Las diferencias entre las estimaciones de la UCA y las cifras del Conicet respecto del cálculo oficial se dan en un momento de fuerte sensibilidad sobre los indicadores sociales. Para ambos organismos, la magnitud de la pobreza requiere un examen metodológico más amplio y transparente, capaz de reflejar las tensiones que atraviesan los hogares urbanos y periurbanos.
Mientras el Gobierno defiende la solidez de la medición del Indec, los relevamientos independientes insisten en que el descenso informado no es homogéneo y que persisten brechas estructurales que no se explican solo por el comportamiento de los ingresos.
El debate por los números del Indec se cruza además con la dinámica inflacionaria, los cambios en la canasta básica y el deterioro del poder adquisitivo. En ese marco, los analistas advierten que la evolución del empleo, la informalidad y el acceso a bienes esenciales serán factores determinantes para la pobreza en los próximos meses.
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