La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al Ministerio de Economía una propuesta de Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, que contempla una reducción gradual de impuestos y cargas que afectan a las empresas. El programa tendría una duración de seis años e involucraría al Estado nacional, las provincias y los municipios.
El planteo fue presentado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una reunión en la que las autoridades de la entidad fabril expusieron una serie de modificaciones tributarias orientadas a reducir los costos de producción, incentivar las inversiones y sostener el empleo formal.
La iniciativa prevé cambios en las contribuciones patronales, el Impuesto a las Ganancias, los Créditos y Débitos Bancarios, Ingresos Brutos y las tasas municipales. También incorpora herramientas para facilitar la compensación de saldos fiscales y promover inversiones industriales.
El esquema tendría una implementación progresiva. En una primera etapa, los beneficios alcanzarían a las pequeñas y medianas empresas de sectores con mayor exposición a la competencia internacional, elevada intensidad de empleo o un deterioro significativo de su actividad. Posteriormente, se extenderían al resto de las compañías industriales.
Los seis cambios impositivos
Entre los principales puntos del documento, la UIA propuso que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, con mecanismos que permitan aprovechar los saldos a favor generados por esa operatoria. La medida apunta a reducir los costos asociados a la contratación formal.
Otro de los ejes es la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades. La entidad plantea reducir la alícuota del 35% al 25%, con el argumento de acercar la carga tributaria a los niveles internacionales y mejorar las condiciones para invertir.
En cuanto al Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, propone ampliar gradualmente su utilización como pago a cuenta del IVA y Ganancias, hasta avanzar hacia su eliminación.
El planteo también alcanza a las provincias. La central fabril solicitó una reducción progresiva de Ingresos Brutos para la actividad industrial, con el objetivo de llegar a su exención. Como alternativa, contempla mecanismos de compensación con el IVA.
Para los municipios, la propuesta apunta a establecer criterios que vinculen las tasas cobradas a las empresas con los servicios efectivamente prestados y sus costos.
Por último, el programa incorpora incentivos a la inversión mediante mecanismos de amortización acelerada de bienes de capital, una Cuenta Única Tributaria para facilitar la compensación de saldos fiscales y herramientas para garantizar estabilidad tributaria.
Un esquema gradual y negociaciones abiertas
La UIA plantea que la reforma se implemente de manera escalonada para limitar su impacto sobre los ingresos fiscales. Según las estimaciones de la entidad, durante los primeros dos años el costo fiscal rondaría el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), debido a que los beneficios estarían concentrados en las empresas más afectadas.
La propuesta requiere acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, especialmente por los cambios en tributos provinciales y tasas municipales. Por ese motivo, la entidad ya inició gestiones con funcionarios de distintas áreas económicas.
Antes del encuentro con Guberman, los representantes industriales habían presentado el programa al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Las reuniones continuarán durante las próximas semanas con funcionarios de segunda línea del Palacio de Hacienda. Por el momento, no hay una fecha confirmada para un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El planteo llega en un contexto de dificultades para la industria, con una prolongada caída del empleo manufacturero y sectores como el textil y el metalmecánico entre los más afectados.
Las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno
La presentación de la UIA se produjo después de los anuncios de Caputo durante la conferencia industrial de la entidad, donde el ministro comunicó medidas de alivio fiscal destinadas a las pequeñas y medianas empresas.
Entre ellas se encuentra la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la ampliación de los planes de pago para regularizar deudas tributarias vencidas hasta el 31 de octubre, con opciones de financiación de hasta 18 cuotas.
También se anunció la posibilidad de computar saldos a favor, aunque su implementación operativa todavía se encontraba en preparación.
Mientras esas iniciativas se concentran principalmente en facilitar la regularización de obligaciones pendientes, la propuesta de la UIA busca avanzar hacia una reforma tributaria de mayor alcance, con modificaciones estructurales sobre los impuestos nacionales, provinciales y municipales que inciden en la competitividad industrial.









