En el fragor de la causa Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba), un incidente ocurrió en agosto de 2019 en inmediaciones de la casa de uno de los principales imputados, el ex secretario adjunto del gremio de los recolectores de la basura, Pascual Catrambone.
Un equipo periodístico de Canal 12 llegó a la zona del barrio privado Fincas del Sur II, y el camarógrafo Marcos Mariano Simes se aprestaba a poner en funcionamiento un drone para posiblemente registrar imágenes del interior de la residencia de Catrambone. En dicha circunstancia, cinco trabajadores habrían presionado al trabajador de prensa para que se vaya, incluso con empujones. Sin embargo, ellos adujeron que lo que intentaron hacer fue «resguardar la integridad física de Simes».
Por este violento hecho, Luis Ángel Cabrera, Ernesto Fortunato López, Javier Peralta Ullman, Martín Emanuel Peralta y Luis Antonio Tablada fueron imputados por el presunto delito de coacción. Así las cosas, la causa judicial elevada a juicio para que la Cámara Sexta del Crimen resuelva la acusación.
Lo más probable es que el reproche penal quede finalmente extinguido a partir de una importante reparación económica que hicieron los imputados, y que ya fue aceptada por la víctima, prestando acuerdo a este ofrecimiento. Pero, además, contarían con el respaldo de un proceso terapéutico que habrían comenzado para mejorar sus conductas, y evitar que a futuro no repitan episodios con impulsos descontrolados.
Un vía crucis interminable
Uno de los célebres dichos arraigados en varias culturas nos enseña que «la confianza mata al hombre». Sin embargo, en la vida real, resulta de casi imposible aplicación. Las relaciones que cultivamos en diferentes ámbitos se hacen más o menos sólidas a partir de vínculos apoyados en mayor o menor confianza.
En el Tribunal Federal Uno de Córdoba, el pasado lunes un hombre, ex cajero de la sucursal San Martín del Banco Nación, se largó a llorar como un chico cuando escuchó que lo absolvían en una causa judicial que ya llevaba doce años, y en la que estaba acusado de autorizar los pagos de 21 cheques por expreso pedido de un jefe de cuentas estafador.
La historia se resume en la artera maniobra de un funcionario de la entidad que se apoderó de la chequera de unas ancianas, clientas del Banco, a quienes les falsificó las firmas, y cobró un montón de dinero de una treintena de cheques, con sólo pasarle esos valores «por atrás» al desprevenido cajero, que sin revisar los endosos y por ende sin advertir nada extraño, se limitó a pagar convencido que estaba «todo bien».
Cuando se descubrió el robo, el verdadero delincuente fue a llorar a la casa de las damnificadas y amenazó con quitarse la vida si ellas lo denunciaban. Este señor nunca llegó a ser juzgado ya que las pericias psiquiátricas indicaron que no estaba en sus cabales y por lo tanto era inimputable. Finalmente, tuvo la suerte de jubilarse por invalidez.
Por lo tanto, el único que soportó la acusación fue el cajero, que gozaba de un legajo intachable y que además fue defendido enjundiosamente por sus compañeros. Durante los últimos años cargó injustamente con una cruz que no merecía, por cometer el pecado de confiar en un jefe de su trabajo. Durante todo este tiempo, se debe haber amargado y reprochado mil veces la conducta. Si en todo caso tenía una condena que cumplir, ya lo hizo… con un vía crucis interminable.
