El rockero Christian «Pity» Álvarez, quien está acusado y procesado por haber matado a balazos hace cinco años a un vecino suyo del barrio Samoré de Villa Lugano pero con el juicio oral suspendido por su estado de salud mental, se fue del centro neuropsiquiátrico de la localidad bonaerense de Tortuguitas en el que estaba internado para ir primero a lo de un sacerdote, aunque ahora ya está viviendo en una comunidad, informaron hoy fuentes policiales, judiciales y su madre.
Los voceros consultados explicaron que si bien la semana pasada hubo una denuncia «por averiguación de paradero» que radicó la Fundación Eira el día en que Álvarez decidió abandonar por propia voluntad ese centro, la justicia la desestimó cuando se supo dónde había ido y con quién estaba.
«Se constató que se había ido a lo de un sacerdote amigo, que estaba bien de salud y explicó que iba a hacer un tratamiento en otra comunidad», explicaron fuentes judiciales.
Por ello, la fiscal Marisa Marino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 de Malvinas Argentinas que había recibido la causa por el paradero, la desestimó al constatar además que sobre del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no había pedido de captura ni ningún impedimento judicial, ya que en función de su evolución psiquiátrica, por ahora Álvarez tiene su proceso judicial suspendido y está sin prisión preventiva.
La propia madre del cantante, guitarrista y compositor del rock argentino, Cristina Congiu, negó que su hijo haya estado prófugo y afirmó: «Sólo puedo decir que está bien en una comunidad. Sólo confirmo esto para que no lo sigan perjudicando hablando de cualquier cosa».
«Pity» está procesado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz (36), alias «Gringo», cometido el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Díaz, alias «Gringo», un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.
Según la acusación, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a «Pity» andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.
Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.
Poco después, «Pity» Álvarez abordó con su novia un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla, tras lo cual, ambos fueron al local bailable «Pinar de Rocha» de Ramos Mejía.
El músico estuvo casi un día prófugo, hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: «Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo».
Tras estar detenido en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (Prisma) del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y de los peritos de la Defensoría General de la Nación indicó que el acusado no se encontraba en condiciones de afrontar la realización del debate.
En marzo de este año, los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, que conforman el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño que debía juzgar a Álvarez, hicieron lugar a la suspensión del debate oral al considerar que «Pity» no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.
Por otra parte, en el mismo fallo -al que tuvo acceso la agencia Télam- los jueces ordenaron el cese del arresto domiciliario del músico y que se le retire la tobillera electrónica que le fue provista para controlar su atención médica en el tratamiento por sus adicciones en una clínica.
También se dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil 4 de Morón «ante la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental».
Los magistrados ordenaron que Álvarez Congiu sea sometido a informes trimestrales para conocer la evolución de su estado de salud y establecer si en algún momento está en condiciones de ser juzgado por el delito de «homicidio simple», que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.
