El astro argentino Lionel Messi y su empresa LMGM iniciaron una demanda federal en Nueva York contra vendedores que operan principalmente desde China por comercializar productos falsificados con su marca en plataformas como Temu y Walmart, con un reclamo que incluye el cese inmediato de las ventas y una compensación económica millonaria.
La presentación se realizó el miércoles ante la corte del Distrito Sur de Nueva York y no apunta a las plataformas, sino a los comerciantes individuales, cuya identidad permanece bajo secreto hasta su notificación formal.
El caso quedó a cargo del juez Edgar Ramos, según informó Sebastián Maril y pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
El escrito sostiene que los acusados vendían ropa, calzado, accesorios, bolsos, electrónica y artículos deportivos con el logo de Messi, registrado en Estados Unidos desde abril de 2016, sin autorización.
Además, el escrito detalló que utilizaban estrategias de posicionamiento y redes sociales para dirigir a los usuarios hacia tiendas diseñadas como canales oficiales.
La demanda describe un esquema complejo: uso de identidades falsas, cuentas que se reactivan tras bloqueos, fondos en el exterior y envíos pequeños para evitar controles.
Según la CBP, el 97 por ciento de las incautaciones por propiedad intelectual en 2024 correspondió a paquetes de bajo valor. También operaban con múltiples cuentas de pago y mudaban sus sitios fuera de EE.UU. ante acciones legales.
El documento plantea que los productos comparten diseño, lo que sugiere una red coordinada y la marca Messi, gestionada por LMGM desde Andorra, respalda un negocio global que en 2025 vendió 1,3 millones de camisetas y creció tras su llegada al Inter Miami CF, con subas del 1200% en búsquedas del club.
La tienda oficial facturó 1,69 millones de dólares en 2023 junto a socios como Adidas y Stanley, por lo que Messi y LMGM reclaman la baja de cuentas en Temu y Walmart, devolución de ganancias, daños triplicados bajo la ley de marcas de EE.UU. o indemnizaciones de entre 1000 y 2 millones de dólares por infracción, además de honorarios legales. La demanda fue presentada por el estudio Boies Schiller Flexner LLP.
