Por distintas vías, la comunidad universitaria de Córdoba continúa reclamando mayor presupuesto y mejoras salariales para los docentes y no docentes, frente al fuerte ajuste aplicado por el gobierno nacional. En este sentido, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) concretó el martes pasado una nueva movilización que finalizó con la presentación de un escrito ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El objetivo del gremio fue seguir visibilizando los «múltiples problemas que atentan contra la calidad del trabajo docente» y para exigir a las autoridades un mayor compromiso en la defensa de la casa de altos estudios.
Sobre el particular, la secretaria general de Adiuc, Leticia Medina, leyó el documento ante el cuerpo, en el que subrayó que «proteger el trabajo docente es defender la universidad pública». La nota denuncia que «el sistema universitario y el científico vienen sufriendo un ataque directo por parte del gobierno nacional», que se expresa en una caída del salario docente y no docente superior al 40% desde noviembre de 2023, y en un ajuste presupuestario «inédito en la historia de nuestra democracia».
También alerta el sindicato que «las universidades atraviesan un momento crítico, asediadas por una política de desprestigio y ajuste económico que no parece tener otro objetivo que desmantelar uno de los sistemas públicos de educación superior y producción científica más importantes de la región».
Desde Adiuc impulsan para el mes de junio la realización de una protesta conjunta de las universidades nacionales radicadas en nuestra provincia, a la vez que proponen organizar una nueva Marcha Federal Universitaria.
“Como venimos advirtiendo, la continuidad y profundización de estas políticas de ajuste ya tiene efectos irreversibles. En las distintas dependencias comienzan a verse las peores señales: renuncias y solicitud de reducción de dedicaciones de docentes que necesitan mejorar sus ingresos realizando tareas laborales alternativas, concursos desiertos, caída de la participación en actividades institucionales, entre muchas otras evidencias de un proceso con profundas consecuencias”, repasa el comunicado.
Asimismo, revela que “la pérdida de jóvenes con trayectorias promisorias y de docentes e investigadores altamente formados, gracias al esfuerzo de toda la sociedad que invierte en el sistema de educación superior y formación científica, es una realidad acuciante y debería poner en alerta al conjunto de los actores universitarios en general, y a quienes tienen responsabilidades de conducción institucional en particular”.
“Venimos de un proceso electoral que mostró una vez más la vitalidad de la democracia universitaria y permitió una renovación de las autoridades decanales en las 15 facultades de nuestra UNC. Sin embargo, como expresamos en una carta pública en ocasión de las elecciones, la grave situación de las y los trabajadores universitarios no formó parte de la conversación política institucional”, objetó Adiuc.
A continuación, consideró que “frente a una política de vaciamiento como la que propone el gobierno nacional, es imprescindible una posición firme y un compromiso activo de la UNC en la defensa del sistema universitario y científico en al menos dos sentidos”.
“Por un lado, en la denuncia y rechazo público de esta política, junto con el impulso de acciones orientadas a revertirla y garantizar una recomposición de los presupuestos. En ese marco, llamamos a todos los actores a acompañar la presentación de un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario acordado entre el FSU, el CIN y la FUA, garantizando su aprobación y definitiva implementación con las acciones que resulten necesarias”, amplía el documento.
Por otro lado, el gremio evaluó que “la defensa de la universidad pública requiere también que en los distintos niveles de la gestión se atienda la cuestión del trabajo docente con la centralidad que amerita. La recomposición de los salarios, las condiciones de trabajo adecuadas, el respeto y cumplimiento efectivo de nuestro convenio colectivo, la estabilidad laboral, la erradicación de las violencias, la formación y actualización docente -desfinanciada en el marco de la suspensión de la negociación paritaria nacional-, son temas que deben ser atendidos con una nueva mirada que garantice la distribución equitativa de los recursos y la definición de prioridades institucionales”.
La UNC adhirió al proyecto de ley de financiamiento universitario
En sintonía con los pronunciamientos que se vienen encadenando en distintos ámbitos del sistema científico y de la educación superior en todo el país, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) adhirió al nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario que fue presentado este miércoles en el Congreso Nacional.
Lo hizo a través de su Consejo Superior, que el martes último aprobó sobre tablas y por unanimidad acompañar el texto consensuado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y un arco de gremios docentes y no docentes. Junto a su adscripción, el cuerpo colegiado de la UNC instó a legisladoras y legisladores a dar prioridad al tema.
Con el foco puesto en el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, el proyecto plantea el incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.
En su articulado, también encomienda al Poder Ejecutivo convocar a paritarias que permitan recomponer los salarios de los y las trabajadoras universitarias. El objetivo, en este caso, es garantizar la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de inflación calculada por el Indec desde el 1 de diciembre de 2023.
En otro tramo, el documento reclama que se garanticen los fondos para los gastos de funcionamiento y que sean ajustados de acuerdo a las variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informados por el Indec. Y junto a ello, demanda la ampliación del número y el monto de becas estudiantiles.
Finalmente, plantea la creación de un fondo actualizable anualmente de diez mil millones de pesos dirigidos a promover carreras con vacancia esenciales para el desarrollo del país, como así también para áreas de conocimiento relacionadas a la inteligencia artificial.
Tras la aprobación de la adhesión por parte del Consejo Superior, el rector Jhon Boretto destacó la construcción de consensos para la elaboración del proyecto de ley. Y subrayó la necesidad de generar acciones de visibilización para acompañar su tratamiento en el Congreso de la Nación.
En esa línea, adelantó la intención de convocar a las y los diputados/senadores nacionales por Córdoba para interiorizarlos sobre la importancia del proyecto de ley.
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Situación “crítica e incierta”
Entre sus fundamentos, el proyecto de ley advierte que “desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública vienen atravesando una situación crítica e incierta”.
En esa línea, subraya que, a raíz de las sucesivas prórrogas del presupuesto aprobado en 2022, la diferencia entre la variación de precios y las partidas para gastos de funcionamiento ya acumula una diferencia del 134% en el último año.
El documento advierte que más del 70% de trabajadoras/es perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. También resalta que el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 sólo representa el 50% de lo necesario para su funcionamiento.
