La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) radicó una denuncia penal que puso en jaque a la conducción nacional y provincial del organismo. La presentación derivó en la apertura de una investigación en la Justicia Federal de Córdoba, que declaró su competencia en el caso e imputó a los funcionarios involucrados. La actuación del Fuero Federal busca establecer responsabilidades por la desobediencia reiterada de resoluciones judiciales que amparaban a afiliados vulnerables.
La APDH formalizó la denuncia penal en septiembre de 2025 ante la Fiscalía Federal en turno de Córdoba, bajo el patrocinio legal de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente. La acción jurídica señala como responsables directos al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y al exdirector provincial Marcos Patiño Brizuela.
La causa recayó en la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, bajo la titularidad de Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado asumió la competencia territorial y material del caso al considerar que la acusación involucra delitos perseguibles de oficio que afectan directamente a los jubilados.
Como consecuencia directa de este avance, el tribunal imputó formalmente a Leguizamo y Patiño Brizuela y citó a ambos a prestar declaración indagatoria. La acusación formulada por el organismo abarca los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, estafa procesal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El encuadre del caso
El escrito presentado por la Apdh fundamentó que los afiliados revisten la condición de víctimas y damnificados directos. El conflicto judicial se originó por el desconocimiento sistemático de la medida cautelar dictada el 16 de mayo de 2025 en Mendoza, la cual ordenaba la suspensión de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 que recortaron el programa Vivir Mejor.
A pesar de las sucesivas intimaciones y de las multas diarias fijadas por los jueces, las autoridades mantuvieron la negativa a entregar medicamentos gratuitos. Desde la Apdh ratificaron el «compromiso de continuar y llevar hasta las últimas instancias las acciones emprendidas» tras alertar que esta decisión «pone en riesgo la vida» de los adultos mayores.
